La fertilidad asistida en México: un problema de salud pública

Lejos de tersa, la lucha por los derechos de las mujeres discurre entre señalamientos contrastantes, desde el uso oportunista de las protestas por parte de los críticos del presidente, los cuestionamientos que cimbran el papel de las mujeres en los espacios públicos y privados, hasta el hartazgo contra de la violencia de género que ha vuelto como dato tristemente conocido, que cada día en México 10 mujeres mueren asesinadas. Mientras tanto, en el debate público este fenómeno social ha concentrado la atención en la interrupción temprana del embarazo, dejando de lado otros temas que deberían tener igual atención por parte del Estado mexicano, como es el acceso a procedimientos de reproducción humana asistida. El artículo 4 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos que desean tener. Naciones Unidas señala que los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos, entre ellos, contar con atención en temas de fertilidad. Sin embargo, es la hora que en nuestro país no hay un marco legal adecuado para el acceso a los métodos de reproducción asistida, con lo que se vulneran derechos a la salud, la no discriminación y la igualdad. Este vacío legal contrasta con las diversas iniciativas de ley que se han presentado en las últimas dos décadas para garantizar este derecho y regular los diversos aspectos científicos, económicos y éticos que le rodean. Desde 2011 por ejemplo, los medios reportaban los rezagos del Congreso de la Unión para legislar en materia de salud, la regulación de la reproducción asistida, así como el tema de los vientres subrogados. En aquel año el Congreso argentino también debatía este tema a diferencia que, en aquel país, lograron la Ley de Fertilización Asistida en 2013. Además del fracaso para lograr un acuerdo parlamentario, la calidad de las propuestas han dejado que desear. Según un estudio de GIRE, entre 2008 y 2012 en ambas Cámaras se presentaron por lo menos ocho iniciativas para reformar la Ley General de Salud o bien, para crear la Ley de Reproducción Humana Asistida y la Ley de Subrogación Gestacional. La organización encontró que la mayoría de las iniciativas tenían aspectos violatorios a los derechos, con la imposición de que la reproducción asistida se limite a parejas con infertilidad comprobada, excluyendo a personas solteras o parejas del mismo sexo, o la prohibición de la crioconservación de óvulos fertilizados por considerarlos personas con derechos. Lo que hoy tenemos es un incremento de clínicas de reproducción que, a la sombra del vacío legal y de la ausencia de un registro de reproducción asistida como lo hay en otros países, ha generado un mercado de falsas expectativas sobre el éxito esperado de estos tratamientos, con severas implicaciones emocionales, económicas y éticas para quienes recurren a ellos. Lo que también tenemos, y en aumento, es un tema de salud pública ante una población que cada vez opta por postergar a edades más tardías la decisión de tener hijos y un problema de infertilidad que aqueja a más de 2.6 millones de parejas en edad reproductiva, según el INEGI. En noviembre de 2018, la ahora Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, propuso en el Senado de la República que el Estado garantizara la reproducción asistida, sin importar si son parejas del mismo sexo o están casadas. Veremos si bajo la 4T se logra avanzar en éste y otros temas como la gestación subrogada, con toda la carga ética y moral que los rodean, pero también elementos jurídicos esenciales en torno a la procreación y la genética.  

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