No son novedad los desencuentros entre las cabezas de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. En enero de este año, cuando las discrepancias entre ambos funcionarios alcanzaron un momento álgido, el Presidente de México salió a la defensa del titular de la UIF: “Santiago no hace nada sin consulta con el Presidente… Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación… vamos a definir bien los ámbitos y esto se va a arreglar”.
Han pasado los meses sin visos de que ambas instancias hayan logrado la necesaria coordinación. En contraste, las diferencias de visiones sobre las competencias que les corresponden a la FGR y a la UIF se profundizan.
Un reciente debate entre el Fiscal Gertz Manero y el especialista Edgardo Buscaglia en un espacio radiofónico, puso la lupa sobre la interpretación del primero respecto a sus responsabilidades constitucionales, principalmente la de investigar y la de perseguir delitos, y su explicación sobre la aparente inacción ante las denuncias que le presenta la UIF, en la que reiteró su argumento sobre la falta de pruebas detrás de los expedientes financieros y su interpretación de la determinación de la Suprema Corte sobre el ejercicio de las facultades para bloquear cuentas por parte de la UIF.
En 2019 la UIF logró presentar un número récord de denuncias ante la FGR: 160, cuando el promedio son 113 al año. Sin embargo, de esas denuncias solo una fue judicializada por parte de la FGR.
Y es que las estrategias contra el delito de parte del Ejecutivo y la FGR hoy marchan por dos vías separadas y no precisamente como producto de la autonomía de la que goza esta última y que no ha mostrado aún sus alcances para mejorar la procuración de justicia en México.
Más allá del particular estilo del Fiscal Gertz Manero o de su concepción de sus funciones y del sistema penal acusatorio, lo que subyace del desempeño de la institución a su cargo son los saldos del proceso de transición de PGR a FGR. De acuerdo con el análisis de México Evalúa sobre este proceso, los índices de impunidad no han logrado ser reducidos y la efectividad en la resolución de los casos ha mejorado marginalmente: “no hay evidencia de que la transición haya dado inicio o bien, que haya impactado de forma positiva la operación sustantiva de la FGR”[1].
La transformación institucional derivada del nuevo sistema de justicia penal ha pasado por largas etapas de impasse. La reforma constitucional aprobada en 2014 para transitar de PGR a FGR tuvo que esperar hasta diciembre de 2018 para que hubiera las condiciones legales para el arranque formal de esa transición hacia fiscalía autónoma.
Es probable que el tiempo al frente de la Fiscalía por parte del Dr. Gertz Manero, quien fue ratificado el 18 de enero de 2019, sea insuficiente para vaticinar el rumbo de esa institución a largo plazo, pero es imposible ignorar las señales de alerta de que, justo en esa instancia toral en contra de la corrupción y la impunidad en México, están predominando inercias burocráticas y la descoordinación heredada del pasado.
Por el bien del país necesitamos una FGR cuyo desempeño se acerque más a los positivos avances en el caso Ayotzinapa que a la falta de coordinación efectiva con otras instituciones torales para la lucha contra la corrupción en México, así como también con Procuradurías y Fiscalías de los estados. Una Fiscalía General con pobres resultados solo seguirá perpetuando impunidad en México.
[1] DE PGR a FGR: observatorio de la transición 2019. México Evalúa, 2019
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2019/10/pgrafgr-observatorio.pdf
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Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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