Aunque de manera oficial faltan un par de meses para que las campañas electorales arranquen, es verdad que ya estamos inundados de propaganda por todos lados. Además, este proceso electoral implica grandes desafíos por su tamaño y complejidad. De acuerdo con el INE, se estarán eligiendo poco más de 20 mil cargos de elección popular con una lista nominal de 98 millones de personas.
Como en todas las elecciones, los medios de información y comunicación son fundamentales para que la ciudadanía conozca a las y los candidatos y razone su voto; por ello, gran parte de la normativa electoral está enfocada en regular la radio, televisión y prensa impresa. Sin embargo, de acuerdo con los últimos datos disponibles del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la cantidad de personas que consumen contenidos en estas plataformas ha venido a la baja desde hace varios años: las audiencias de televisión representan solo el 14.5% de la población; y de la radio, apenas el 9%. Por otro lado, el acceso a Internet fijo se encuentra en 70 de cada 100 hogares; mientras que los datos señalan al menos 120 millones de líneas de telefonía móvil con acceso a Internet.
La diferencia de consumo de medios es evidente: mientras que los medios tradicionales van a la baja en niveles de audiencias, los medios digitales son mucho más consultados. Sin embargo, la última reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (realizada en marzo de 2023), no considera medios digitales o ningún tipo de comunicación política digital.
Y el problema entonces es que Internet y las redes sociales se convierten en un terreno libre y fértil para desarrollar cualquier tipo de estrategia electoral, ética o no, ya que no está considerada por ninguna autoridad electoral y son las plataformas más consultadas por la ciudadanía.
¿Qué es lo que debe legislarse en materia de propaganda política durante procesos electorales?
Aquí 5 puntos a considerar:
- Inversión en campañas digitales. Una de las mayores diferencias con los medios tradicionales es que en plataformas digitales no se compran impactos, sino audiencias. Por ello, aunque se cuenten con una inversión similar, el alcance de una campaña y la cantidad de spots que se visualicen pueden variar enormemente dependiendo de la habilidad del equipo para gestionar la inversión. Por ello, las autoridades requieren no solo entender el modelo de negocios de la publicidad digital y, a la vez, crear sistemas de fiscalización que no tomen en cuenta la cantidad de impactos y el origen de los montos invertidos.
- Uso de influencers y gasto en especie. Ya en 2021 el INE dio un paso importante en la forma de conceptualizar a los creadores de contenido y su apoyo en especie a campañas electorales. En ese momento, se consideró que una persona puede expresar su opinión de manera libre en cualquier plataforma de comunicación, sin embargo, si dicha persona está monetizando sus contenidos, entonces podría tratarse de una donación en especie. Por ello, es importante que la precisión que dio en su momento, pudiera integrarse a las normativas electorales, respetando el derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión.
- Uso de inteligencia artificial generativa. La gran irrupción tecnológica de 2023 sin duda será una de las principales aliadas en la creación de contenidos falseados, cuya principal intención sea el electorado. En este sentido, las autoridades electorales necesitarán peritajes especializados y, por supuesto, normas claras que no limiten su uso, pero sí señalen los casos en que se ha utilizado con fines electorales y campañas negras.
- Noticias falseadas en plataformas digitales. Desde el proceso electoral de 2012, las fake news han representado un serio problema que no se ha atendido de manera puntual ni por autoridades, ni por plataformas. La distribución de contenidos falseados ya sea a través de cámaras de eco o mediante inversión en alcance ni siquiera está considerada en normativas electorales. Y aunque requiere de una estructura sólida y amplia que consume muchos recursos, simplemente la problemática ha pasado de largo.
- Creación artificial de tendencias. Las granjas de bots y el comportamiento inauténtico coordinado (como lo llama Meta), tampoco han sido considerados en ninguna de las normativas electorales presentes, ya que su utilización tiende a crear filtros burbuja, que pueden incidir directamente sobre la percepción de candidatas y candidatos, además de autoridades y partidos.
Ante la inminencia de un proceso electoral tan grande, es necesario que las autoridades volteen a los medios digitales, ya que son estos las principales fuentes de información, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Garantizar un proceso electoral transparente y justo es la base de cualquier sociedad que se precie de ser democrática.
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