- Los cuerpos policiacos son los encargados de brindar la seguridad pública y el Ejército tiene sus propias funciones. Sin embargo, el crimen organizado se ha complejizado e intensificado en últimos tiempos y representa una amenaza extraordinaria que rebasa la capacidad de respuesta de los cuerpos policiacos.
- En este sentido, se debe entender (y aplicar) la participación de las fuerzas armadas como un último recurso de acción.
- Si bien el foco de atención está en el crimen organizado, la Ley prepara la coordinación para la acción ante cualquier tipo de amenaza posible, como lo podrían ser pandemias, o intentos de golpe de Estado.
La Ley de Seguridad Interior y sus implicaciones
En paralelo a la Ley, es primordial que haya una mejor vinculación entre las autoridades federales y locales, que asuman compromisos reales en materia de profesionalización de cuerpos policiacos.
Por Marcelo Hernández*
El Informe sobre delitos de alto impacto en 2017 del Observatorio Nacional Ciudadano, publicado en febrero de este año, confirma que la situación de seguridad en México sigue en deterioro: el año pasado se registraron niveles históricos en homicidio doloso, con un aumento de 5.9% respecto a 2011 –el año más violento del que se tenía registro–. En México sucede un homicidio doloso cada 18 minutos, y durante 2017 aumentaron ocho de los 10 delitos de alto impacto a nivel nacional.
La Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre de 2017, busca crear un marco regulatorio para que, en caso de amenaza extraordinaria a la seguridad interna, el presidente pueda coordinar a las diversas instancias implicadas en brindar seguridad. “Regula una facultad que se establece en la Constitución desde hace más de cien años”, enfatizaron las diversas autoridades que nos acompañaron en el Foro “Ley de Seguridad Interior, implicaciones vigentes para las empresas”, que organizamos en American Chamber/Mexico.
La preocupación que compartimos la sociedad civil y el sector privado es genuina: la inseguridad en México ha generado un grave deterioro en el tejido social e impacta negativamente la economía del país, pues incide directamente en la confianza de los inversionistas, los costos y la competitividad de los negocios.
La controversia que ha generado la Ley –de hecho, aunque se encuentra vigente, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a no aplicarla hasta que la Suprema Corte resuelva su Constitucionalidad–, surge del temor de que la presencia continuada de las fuerzas armadas en las calles tenga un impacto negativo en el largo plazo, generando mayor violencia en vez de disminuirla.
Al respecto, es importante considerar los siguientes puntos: