Por Christian Skoog*

La mitad de los 40 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos vive en pobreza; ocho de cada 10 estudiantes no alcanzan los conocimientos requeridos para su nivel educativo, y el 13% de los niños menores de cinco años padece desnutrición crónica.

Este panorama no es alentador, pero creemos que los procesos electorales son momentos propicios para reflexionar y plantearnos alternativas sobre cómo resolver las brechas que aún separan a la niñez del cumplimiento pleno de sus derechos.

Como parte de su mandato, Unicef impulsa el cumplimiento de todos los derechos para todos los niños y para ello trabajará de manera coordinada con quien resulte ganador en el proceso electoral vigente, como lo ha venido haciendo desde hace 64 años.

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Mientras tanto, en el marco de las campañas políticas, estamos haciendo un llamado a los candidatos a la Presidencia de México para que coloquen a la niñez y a la adolescencia en sus propuestas a los electores.

Con base en la evidencia y a partir de la experiencia de trabajo de Unicef, junto con los gobiernos y la sociedad civil, redactamos una agenda para la infancia y la adolescencia para el periodo de  2019 a 2024, que el pasado 5 de abril fue ratificada por dos candidatos y la candidata a la Presidencia.

La evidencia alrededor del mundo nos nuestra la atención adecuada y de calidad a las niñas y niños es la mejor inversión que puede hacer un gobierno, considerando sus altos retornos en términos de competitividad, cohesión social y productividad.

México tiene una arquitectura normativa que sienta las bases para garantizar los derechos de la niñez: la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; pero para hacerla efectiva el próximo gobierno tiene que consolidar el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función principal es definir y coordinar las políticas públicas, servicios y acciones dirigidas a garantizar los derechos de este grupo de la población.

Además, consideramos necesario promover acciones específicas y reforzadas en cinco ámbitos prioritarios para asegurar el pleno desarrollo y bienestar de la niñez y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Primero: Avanzar hacia una política nacional para la primera infancia, que contemple la articulación de la protección social a los niños y niñas de 0 a 5 años (12 millones en la actualidad), quienes tienen el menor nivel de desarrollo humano y se encuentran en mayor pobreza entre la población infantil.

Segundo: Desarrollar e implementar una estrategia nacional integral para la erradicación de todas las formas de malnutrición infantil, con el fin de abatir los indicadores que colocan al país en el primer lugar mundial en obesidad infantil, conviviendo con problemas de desnutrición crónica (13% de los de los menores de 5 años la padece).

Tercero: Asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes asistan a la escuela y aprendan; para lo cual se requiere ofrecer una educación culturalmente pertinente, involucrar a los padres y madres, y proporcionar las herramientas adecuadas a los maestros. Actualmente más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, y la mitad de quienes cursan 6º de primaria obtienen los resultados más bajos en lenguaje y comunicación.

Cuarto: Poner fin a todas las formas de violencia contra la niñez, con medidas  como la instalación y pleno funcionamiento de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Se requiere asignar el presupuesto óptimo, que es de sólo 57 pesos al año por niño afectado, y dotar a estas instancias con el personal multidisciplinario capacitado y suficiente para la atención de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de la violencia.

También es necesario desarrollar e implementar mecanismos de identificación y denuncia de casos de violencia que sean accesibles, amigables y especializados para las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo el número telefónico de denuncia.

Otro aspecto a impulsar es la prevención mediante información y sensibilización, para dejar de ver la violencia contra la niñez en los contextos familiar, escolar y social como algo normal. En los últimos años han sido asesinados en promedio tres niños, niñas o adolescentes cada día; mientras que seis de cada 10 dicen haber experimentado algún tipo de disciplina violenta.

Quinto. Garantizar la protección y el acceso a sus derechos a la niñez migrante, especialmente mediante alternativas diferentes a la detención. Durante 2016, las autoridades migratorias detectaron en México a 40 mil 114; niños, niñas y adolescentes migrantes, la mitad de los cuales viajaban si la compañía de un adulto.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce que estos deben gozar de todos sus derechos, independientemente de su situación migratoria; sin embargo, quienes migran (acompañados y no acompañados por un adulto) siguen siendo sujetos a un procedimiento migratorio, a la detención y a la devolución a su país.

Detrás de cada uno de estos datos hay una historia real. Hay un niño o una niña que vive en pobreza, que sufre violencia, que no va a la escuela, que no tiene acceso a un adecuado servicio de salud o que se ve obligado a abandonar su casa y su comunidad y migrar en la búsqueda de otras oportunidades y/o tratando de salvar su vida.

Es necesario que México establezca la protección a los derechos de la infancia y adolescencia al mismo nivel de otros sectores prioritarios del Estado como salud, desarrollo social o seguridad, de modo que ocupe un lugar central dentro de la planeación de país, mediante el diseño de un Programa Nacional de Protección Integral de Infancia, con evaluaciones periódicas.

*Representante de UNICEF en México y tiene una experiencia profesional de más de 20 años trabajando en derechos humanos.

 

Contacto:

Página web: unicef.org.mx

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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