Por: Carlos Juárez Cruz*
La crisis por la pandemia de Covid-19 ha desplazado de la discusión pública al resto de nuestros problemas. Sin embargo, una vez que pase el coronavirus, la otra epidemia, la de violencia, seguirá aquí.
De acuerdo con la séptima edición del Índice de Paz México (IPM), el nivel de paz en nuestro país se deterioró 4.3% durante 2019. Esto representa el cuarto retroceso anual consecutivo y se debió, principalmente, al incremento de 24% de la tasa de crímenes de la delincuencia organizada.
De las 32 entidades del país sólo nueve mejoraron, mientras que en 23 estados la paz disminuyó. La tasa de homicidios creció apenas 1.4% en 2019, lo que contrasta con el 16% de 2018 y podría marcar un cambio de tendencia. Sin embargo, dicha tasa de 28 asesinatos por cada 100 mil habitantes representa la pérdida de más de 35 mil 500 personas.
En cuanto a su impacto económico, la violencia nos costó 4.6 billones de pesos el año pasado, equivalentes al 21% del PIB nacional. Este monto supera en ocho veces la inversión pública en salud durante el mismo año. Puesto en términos per cápita, a cada mexicano y mexicana la violencia nos costó 36 mil pesos, lo cual es casi cinco veces el salario mensual promedio.
La investigación del Instituto para la Economía y la Paz considera que la violencia distorsiona el comportamiento económico de personas y organizaciones. La metodología para calcular el impacto económico considera tres categorías: costos directos, como gastos médicos, funerarios, presupuestos policiacos o costos de encarcelamiento; costos indirectos, que incluyen traumas físico y psicológico, pérdidas futuras de productividad y consumo, y los cambios de conducta por miedo a la inseguridad. Finalmente, se calcula el efecto multiplicador, entendido como la pérdida de dinamismo económico y las actividades que habrían sucedido sin la presencia de los delitos.
El objetivo de esta medición integral es mostrar que la violencia es muy costosa y que tiene efectos más allá de los que se perciben cotidianamente. Dentro del mismo análisis, se revisa también la evolución del gasto público en los sistemas de justicia y seguridad. En este rubro los resultados son distintos.
En México, cada año se invierten cuantiosos presupuestos públicos para contener la violencia, en 2019 el monto ascendió a 552 mil millones de pesos y equivalió al 0.7% del PIB. Sin embargo, al comparar este porcentaje con el del resto de Latinoamérica, se observa que en promedio estos países invierten 1.7% de su PIB en sus sistemas de justicia y de seguridad. Los niveles relativamente bajos de inversión en paz y justicia de nuestro país podrían explicar- al menos parcialmente- la incapacidad de las instituciones públicas para reducir las altísimas tasas de impunidad y la acumulación de carpetas de investigación sin resolver.
Además de analizar los montos generales de gasto e inversión, vale la pena revisar la distribución de los fondos por rubros. Por ejemplo, en términos de incremento presupuestal los recursos para las fuerzas militares crecieron 13% en 2019, mientras que el gasto para el fortalecimiento del sistema judicial se redujo casi 9% el mismo año con respecto a 2018.
Otros aspectos, como la profesionalización y dignificación salarial de las policías, y la modernización de la infraestructura del sistema judicial, requieren ser priorizados para que las estrategias de paz y seguridad logren los resultados esperados.
Desde el inicio de la guerra contra las drogas, declarada hace dos sexenios, los recursos públicos se han concentrado en estrategias que atienden los efectos de la violencia, sin mirar sus causas sociales ni los factores que la previenen. El IPM promueve un enfoque de paz positiva, entendida como una paz de largo plazo, que se sostiene sobre instituciones, estructuras y actitudes que favorecen la resiliencia.
Los factores que construyen paz positiva permiten a una comunidad sobreponerse a diversas amenazas y crisis, ya sean los embates de la violencia criminal, un desastre natural, o una pandemia. Por tanto, es fundamental poner más atención en fenómenos como la desigualdad y el acceso a servicios públicos básicos, el combate a la corrupción, el fortalecimiento de los lazos de confianza entre ciudadanos y gobiernos, o la vulnerabilidad de ciertas poblaciones.
Durante las últimas semanas, la pandemia de Covid-19 ha evidenciado la fragilidad de nuestros sistemas económico y de salud. Además de poner a prueba nuestra estructura familiar, el sistema educativo, la (verdadera) responsabilidad social corporativa, la confianza en medios de comunicación y gobiernos, y hasta nuestra condición física.
Por eso, frente al escenario actual, resulta pertinente reiterar la pregunta inicial: ¿qué pudimos haber hecho con los recursos destinados durante trece años a una estrategia fallida de seguridad?
Contacto:
*Carlos Juárez Cruz es director en México del Institute for Economics and Peace.
El reporte completo puede ser consultado en www.indicedepazmexico.org y www.economicsandpeace.org.
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