¿Puede haber algo positivo en un desastre natural? La pregunta lejos de ser anticlimática resulta oportuna luego del paso del huracán Otis por el Pacífico mexicano, el pasado 25 de octubre.
En tiempos electorales, el fenómeno natural ni sus graves secuelas para el estado de Guerrero, se ha salvado de ser usado como misil político en contra del gobierno federal.
La intención es clara. La destrucción provocada por el huracán en un lugar tan emblemático del turismo nacional y extranjero, como lo es Acapulco, ha generado un escenario no previsto rumbo a la contienda de 2024. De alguna forma, recuerda al uso de la reciente pandemia sanitaria para influir hacia un voto de castigo en contra de Morena en las elecciones intermedias de 2021.
Ante la maraña de noticias sobre Otis, la ciencia arroja luz al debate. Meteorólogos y científicos han expresado su desconcierto sobre la velocidad con la que la tormenta tropical se convirtió en un violento huracán. El Centro Meteorológico Especializado de la agencia meteorológica de Naciones Unidas, calificó de “explosivo” el crecimiento de la tormenta tropical. En pocas palabras, los datos señalan que no había forma de tener una respuesta gubernamental oportuna antes del desastre, que fuera capaz de mitigar sus efectos.
Irónico que Otis coincidiera con la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2023, celebrada del 23 al 27 de octubre de 2023, con el objetivo de que actores políticos, sociales, empresariales y académicos diseñen “soluciones climáticas”, según sus organizadores.
Conforme pasan los días del paso del huracán por la costas de Guerrero, el foco de atención se mueve hacia las soluciones por parte de una diversidad de actores, pero principalmente por el presidente de la República, quien se encuentra en el último tramo de su gobierno.
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En el embate de narrativas sobre Otis y los responsables del tamaño de la tragedia, el único consenso posible hasta ahora es que la catástrofe es una oportunidad para corregir el rumbo del modelo de desarrollo aplicado en las últimas décadas en Guerrero, el estado con el mayor índice de marginación de todo el país, según datos del Conapo (2020).
El gobierno federal presentó hace unos días el Plan de Recuperación y Reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez que representa una inversión de poco más de 61 mil millones de pesos. Algunas acciones que integran el Plan son apoyo para viviendas y locales comerciales, créditos a la palabra, exención de impuestos, ampliación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, duplicar becas escolares de nivel básico, créditos sin intereses para pequeñas empresas, adelanto del pago de pensiones y programas para el Bienestar, entre otras medidas.
Como en toda crisis, hay quienes tendrán mayores oportunidades de recuperarse, incluso, de crecer. Empresas constructoras, proveedoras de materiales de construcción como acero, cemento y una amplísima lista de insumos, tienen incentivos para participar en la recuperación del puerto.
E incentivos también tiene el gobierno estatal y el federal para mostrar su capacidad de respuesta ante el tamaño de la tragedia, en un contexto nacional marcado por las elecciones del siguiente año en la que se renovarán la Presidencia de la República, ambas Cámaras del Congreso de la Unión, Congresos de los estados (salvo Coahuila), nueve gubernaturas y miles de cargos municipales.
A lo largo del mandato de López Obrador su gobierno ha generado condiciones favorables para la inversión y ha logrado objetivos impensables en pasadas administraciones como el aumento del salario mínimo o la reforma en materia de subcontratación. Es necesario que esa relación entre el gobierno federal y la iniciativa privada se fortalezca, tomando como premisa el cambio climático.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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