En medio de las severas críticas hacia la actuación del gobierno de México en Culiacán, con la fallida captura del presunto delincuente Ovidio Guzmán, el 21 de octubre presenciamos un inusual encuentro: el anuncio de las mesas de discusión para una reforma al Poder Judicial, ante la presencia de los tres Poderes de la Unión y el Fiscal General de la República. Xicontécatl fue la sede para reunir al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; el Presidente de la Suprema Corte, el Ministro Arturo Saldívar; el senador Ricardo Monreal junto con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado; ministros, magistrados electorales, consejeros de la Judicatura; además de asociaciones de abogados y representantes de instituciones académicas.
“Reforma con y para el Poder Judicial” fue las palabras que podían leerse al fondo de la reunión. La frase no es casualidad y despierta diversas interrogantes sobre el lugar que se atribuye al Poder Judicial en el proyecto de la 4T. La convocatoria tampoco es fortuita y es de reconocerse lo oportuna que es a los momentos de polarización y de duras críticas al gobierno, por el fallido intento de capturar al hijo de El Chapo.
¿Qué Poder Judicial es deseable en un cambio de régimen como el que pretende el presidente? Hasta ahora el concepto ha sido un recurso latente en sus discursos, todavía siendo candidato y que, de manera emblemática, fue la promesa cuando rindió protesta como Presidente de México. Sin embargo, a la fecha lo cierto es que no hemos visto este cambio profundo en las instituciones del Estado.
En este contexto, parece probable que el cambio de régimen arranque con las reformas constitucionales al Poder Judicial, en el que un viraje de régimen auténticamente democrático, deberá atender el descrédito ciudadano por el que también pasa esa institución, el papel de Tribunal Constitucional largamente abdicado por la Suprema Corte, el fortalecimiento de las capacidades del Estado para sacar adelante el sistema justicia penal acusatorio, así como controles más eficaces contra la corrupción, nepotismo y tráfico de influencias al interior de este Poder que se mira lejano e intocable, escudándose de manera incorrecta en un argumento de independencia. Las dimensiones de las reformas que se pretenden necesitarán un debate amplio e incluyente, en el que se valore el papel del Poder Judicial para alcanzar algunos valores que resuenan con vigor desde la entrada del gobierno actual: justicia social, paridad de género y derecho a la verdad.
El anuncio del arranque para trabajar la reforma al Poder Judicial respecto a la cual, cabe decir, hay 99 iniciativas en ambas Cámaras desde el inicio de la Legislatura, tienen inevitablemente como contexto la sorpresiva renuncia del Ministro Medina Mora y las numerosas críticas que apuntan a un intento del Presidente por avasallar al control constitucional de la Suprema Corte. A ello habrá de sumarle la judicialización como estrategia política optada por diversos actores empresariales y políticos para combatir las decisiones del Presidente y del Poder Legislativo.
Después de 25 años de la reforma constitucional al Poder Judicial de 1994, podríamos estar ante el preludio de un cambio constitucional de mayor talla. Si en aquél entonces se optó por una Corte de continuidad en vez de ruptura, hoy las condiciones están puestas para romper con inercias y lastres que han impedido fortalecer al Poder Judicial. Las condiciones materiales están puestas para una reforma de gran calado, no sólo en términos de independencia de sus ministros, sino un reto todavía mayor y que lo señaló atinadamente el Fiscal General: alcanzar la “justicia cívica” como el fundamento para la prevención del delito y la recuperación de la vida comunitaria.
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La autora es Presidenta del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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