El aumento en la presencia de los denominados grupos de autodefensa en Guerrero y Michoacán sugiere el surgimiento de una guerra civil de baja intensidad.

En las últimas semanas se ha intensificado la presencia de los grupos de autodefensa, tanto en lugares de Guerrero y Michoacán, y otras entidades, como en los medios de comunicación. Durante la época contemporánea, no se había escuchado que un grupo armado “tomara” municipios completos con el objeto de defender a la comunidad de otros grupos cuyo objeto es hacer daño a través de distintos espacios de criminalidad.

Sin buscar ser alarmistas, en la interpretación histórica y científica de esos acontecimientos, estaríamos ante ejemplos de una especie de guerra civil de baja intensidad, donde hay grupos contrarios luchando por el control cuasi militar y político de territorios delimitados.

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En diversas comunidades del país, esa condición refleja el rompimiento de los mecanismos básicos de funcionamiento social, que hacen posible la existencia de una comunidad, no digamos ya de la construcción y permanencia del capital social. Si bien esto es preocupante, no podemos decir que es nuevo. En diversos momentos podemos encontrar iniciativas de actores sociales para blindar a las comunidades de amenazas, e incluso hay experiencias históricas donde la misma estructura gubernamental distribuyó recursos para el efecto. Asimismo, podemos ubicar experiencias de violencia continua en algunos lugares del país, asociada a procesos históricos de relación social definidos por la forma en que las comunidades ubicaban objetivos, identidad, pertenencia, etc.

El problema es que los límites institucionales en que esos procesos sociales funcionaban se han ido moviendo, usualmente ampliándose, sin que los responsables de mantenerlos tengan no únicamente claridad sobre lo que ha pasado y las consecuencias de ello, sino sobre su papel en el proceso.

Algunos gobernadores y presidentes municipales, así como autoridades federales, han dicho que ellos no son responsables de lo que pasa, pues son problemas que han heredado de administraciones pasadas. Obvio no se les responsabiliza de haber provocado esta condición, pero al asumir un espacio público, también aceptan la responsabilidad del uso de recursos públicos para la resolución de problemas de las comunidades y este es un problema ampliamente manifiesto.

Cuando la autoridad no únicamente tolera, sino también protege a líderes y grupos que independientemente de su interés final, actúan fuera de la ley, no únicamente exhibe una contradicción profunda sobre le existencia y fin del Estado de Derecho, que es la base de los cargos que ostentan, sino también de la incapacidad de dicha autoridad en el ejercicio de los recursos públicos, que no comprenden únicamente dinero, para la resolución de dichos problemas.

Para Maquiavelo, el fin último de la política es la preservación del espacio político mismo. Sin eso no podría haber acción política, ni políticos y, por lo tanto, tampoco decisión pública. Sí nuestros políticos no entienden esa condición mínima de su acción, entonces están cometiendo un error mucho más grande que el de no asumir su responsabilidad, pues están condenando a la comunidad a perder el espacio que la hace existir.

La acción política requiere ciencia e imaginación, pero en el tema de la contención de la violencia, en México la autoridad en todos sus órdenes no ha demostrado ni una ni otra, obviamente con claras excepciones. La violencia ha tenido varias intensidades y ha sido parte de la vida de muchos espacios en México. Si bien su contención requiere tal vez de dosis de coerción (violencia legal), la solución no reside completamente ahí, sino que se requiere de una perspectiva mucho más amplia y estratégica que va más allá del uso de la fuerza y que implica la participación de la ciudadanía y la reinstitucionalización de los espacios de convivencia social.

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