Hace dos décadas que en México comenzó a hilarse una nueva retórica en torno a las bondades de la transparencia como la llave para tener mejores gobiernos. El optimismo alentado por la reciente alternancia política, la presión de organismos internacionales para cumplir con disposiciones y convenios firmados por nuestro país en contra de la corrupción, así como la necesidad de poner distancia con los gobiernos emanados del PRI, fueron algunas condiciones en las que se dieron las primeras reformas en materia de transparencia.
Con el consenso de la oposición, el Congreso logró alcanzar el primer instrumento jurídico de transparencia en México, con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor en 2002.
Irónicamente, el discurso sobre la transparencia del entonces mandatario se vio pronto contrastado apenas seis meses de haber asumido el poder, cuando un medio sacara a la luz los gastos excesivos en toallas y otros enseres para la casa presidencial de Los Pinos. “Hoy, hasta el precio de las toallas que se adquieren para la casa de ustedes aquí, es público… Eso es transparencia”. Algo de razón tendrían las palabras del expresidente Fox como lo veríamos en los años siguientes, con los escándalos de corrupción expuestos a fuerza de ejercer el derecho a saber de la ciudadanía.
Lo que siguió en los años siguientes fueron la reforma al artículo 6º que elevó a garantía constitucional el derecho a la información; la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en 2010; y la Reforma constitucional de 2014, que dio autonomía al INAI, por citar algunos de los hitos legislativos más relevantes.
Al paso de los años, la realidad ha mostrado la fragilidad de la promesa inicial de la transparencia. La teoría y la práctica han mostrado que ésta no conduce por si sola a la rendición de cuentas ni es suficiente para combatir la corrupción ni los problemas estructurales del país. Hoy sabemos que en México todavía tenemos una incipiente cultura de transparencia y que el número de personas que ejercen el derecho a saber es muy bajo.
Al respecto algunos datos. De 2016 a 2019 se estima que creció la población que conoce o a escuchado del INAI, al pasar de 50.6% en 2015 a 54.8%”. Sin embargo, si en 2016 solo el 5.6% de la gente reportó haber requerido información al gobierno a través de una solicitud formal de información, ese indicador cayó a 3.6% tres años después[1]. Los riesgos para el INAI no provienen del Ejecutivo sino de su propia eficacia para que la gente ejerza su derecho a saber.
Luego de dos décadas de reformas en el tema de transparencia, uno de los mayores retos tiene que ver con su “democratización”, es decir, hacer que este derecho sea socialmente útil y que los sectores más vulnerables de la sociedad se apropien de él y lo ejerzan.
El cambio de régimen necesita que el compromiso del Presidente López Obrador con la verdad y la honestidad sea trasladado en prácticas institucionales a favor del acceso a la información y transparencia, no solo en todos los recovecos de toda la administración federal, sino en los gobiernos estatales y municipales emanados de las filas de Morena.
Las recientes expresiones del Presidente sobre la transparencia y el órgano autónomo empujan a cuestionarnos los retos pendientes para que el derecho a la información empodere a los grupos marginados de la sociedad y, desde ahí, se potencialice efectivamente como un mecanismo de control democrático.
[1]Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019. INEGI-INAI
https://www.inegi.org.mx/programas/enaid/2019/
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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