Los casos construidos en torno a Emilio Lozoya por actos de corrupción, así como del dueño de Altos Hornos de México, si bien son encomiables pues desde hace varios meses se habían pedido acciones concretas al presidente sobre temas de corrupción, se dan en el contexto de la baja de popularidad presidencial, que se ha generado en las últimas semanas. Por lo tanto, es probable que la aceptación al presidente se incremente, si es que los casos no se caen, como solían hacerlo en administraciones anteriores.

En el caso de Emilio Lozoya, desde el anuncio de la inhabilitación por diez años para trabajar en el servicio público, que se le dictó a partir de que no dio información completa en sus declaraciones, se podía prever el inicio de un proceso donde se administrarían las acusaciones, dependiendo del momento político. Lo anterior, debido a que, a pesar de la gravedad de los actos que se le imputaban, la inhabilitación resultaba irrisoria como castigo. Ante el reclamo por incrementar las acusaciones, se da la orden de aprehensión que permitirá tener una especie de pez gordo, que pueda resultar útil para el manejo del discurso anticorrupción, en un caso emblemático como el de Odebrecht en México.

El caso del dueño de Altos Hornos se da en una lógica similar per implica una dimensión distinta. Si bien la acusación se liga a Lozoya durante su época como director de Pemex, por la compra-venta de una planta a un sobreprecio, resulta relevante que sea un empresario, lo que eleva el parámetro de quién puede ser acusado o acusada y resultar en la cárcel. Suena más bien a un mensaje a una clase empresarial, donde existen grupos que mantienen una crítica constante hacia el presidente, sus políticas y posiciones políticas. Ante este mensaje, donde el presidente acusa formalmente y detiene a un expolítico y a un empresario, tiene la base para generar nuevos mecanismos de control político.

Por el momento, no quedan claras las acusaciones y las relaciones entre ambos personajes, el caso Odebrecht y la planta con sobreprecio, pero lo que queda es el golpe mediático dado ante estos hechos. Pero más que un golpe mediático, debe haber de por medio una investigación sólida que permita sostener los hechos en los juzgados, para que pueda darse un efecto en otros espacios de acción pública, ya sea con otras detenciones derivadas de estas, o en otros casos que se estén construyendo para darle contenido a la lucha anticorrupción.

Las detenciones de la Quina, Raúl Salinas de Gortari, Elba Esther Gordillo Morales, en sus momentos, permitieron a los presidentes en turno demostrar a propios y extraños, quien tenía el control de los aparatos gubernamentales. El presidente López Obrador está planteando la misma disyuntiva, enviando un mensaje que incluye a quienes podrían eventualmente oponerse, incluido el mismo Enrique Peña Nieto, ampliando el alcance a la clase empresarial.

Lo que habrá que ver en las siguientes semanas, es si este es sólo un golpe mediático aislado, o es parte de una estrategia que, de manera seria y eficiente, lleve a la cárcel a todos esos peces gordos que Francisco Barrio, como secretario de la Contraloría de Vicente Fox, no pudo llevar en su momento. De la misma forma, es importante saber qué otras medidas en la lucha anticorrupción se estarán realizando y si se dan en el contexto de la estrategia asumida desde el sexenio pasado con el Sistema Nacional Anticorrupción, o quedará relegado en el contexto de las estructuras burocráticas mexicanas.

 

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