Por María Fernanda Salazar*

“El poder corrompe. El poder absoluto, corrompe absolutamente”

Lord Acton.

Cada elección presidencial, escuchamos que se juega el futuro de México, que marcará la historia o que podemos perder todo lo alcanzado. Sin embargo, solo uno de los candidatos presidenciales ha pedido en sus spots el voto para su partido en el Congreso. ¿Qué refleja esto sobre la idea que tienen nuestros candidatos de la figura presidencial en un régimen democrático?

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Aunque México tiene un régimen presidencialista, un Estado Constitucional de Derecho tiene en la división y relación entre sus órganos de poder, la esencia de los equilibrios democráticos; éstos garantizan los derechos humanos y la representación de todos los grupos de la sociedad en la formación de la voluntad pública.

Es sintomático que, en la discusión sobre elección más grande de la historia del país, esté ausente el destino del poder representativo por excelencia, el Legislativo. Es un espacio fundamental para materializar, o no, el proyecto nacional del presidente. Es en donde se define la conformación del máximo órgano del Poder Judicial. Ahí se determina, en muchos sentidos, la visión social, individualista, liberal o conservadora del país en el que vivimos.

Nuestra concentración en el Ejecutivo apunta al debilitamiento de las instituciones democráticas. Michelangelo Bovero señala que existe en el mundo una tendencia al debilitamiento de los órganos parlamentarios a favor del poder Ejecutivo, bajo un discurso de “eficiencia” que privilegia la gobernabilidad por encima del debate amplio de los asuntos públicos.

A pesar de que las reformas políticas, empezando por la de 1977, fortalecieron al Congreso, en los últimos años hemos vuelto a ser testigos de un dominio práctico del Ejecutivo en el Legislativo. El discurso de la construcción de mayorías estables ha perdido de foco que en el Congreso se procesan las diferentes expresiones políticas. Se le califica de poco productivo por no aprobar todas las iniciativas, cuando su objetivo es aprobar buenas leyes. Se le califica de obstáculo, cuando su naturaleza es ser control y contrapeso de una voluntad. El Congreso se ha vuelto, en muchos casos, ventanilla de trámite de un Ejecutivo que condiciona, amenaza y chantajea a los legisladores por medio de presupuestos, opresión de minorías en las comisiones o coerción por la disciplina partidista. Esto, en detrimento de la democracia.

La función de algunos partidos bisagra ha sido parasitaria; lejos de ampliar la representación social, construyen mayorías artificiales a favor de la voluntad del presidente. Ello explica que hoy, habiendo ocho partidos en competencia, sólo hayan postulado a tres candidatos presidenciales. También, que reformas de una gran profundidad en los últimos años, tengan un rechazo significativo entre la población.

De manera autocrática, todos los candidatos presidenciales se presentan como salvadores, a riesgo de que prevalezca la idea de que discutir su proyecto es perder tiempo.

En ese sentido, el discurso fúnebre de Pericles (Tucídides), nos deja esta reflexión: “no creemos que lo que perjudica a la acción sea el debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer”.

Como afirma Lorenzo Córdova, la gobernabilidad democrática es aquella en la que se procura toda la eficiencia y eficacia posible, sin erosionar las reglas de la democracia.

El 1 de julio los mexicanos elegiremos, a nivel federal, 500 diputados federales y 128 senadores que tomarán decisiones muy trascendentes. Esas decisiones no son de una persona; de ahí que sea falso que nuestro destino dependa del presidente. Votar implica una visión de país, que debería tener en el Congreso un factor determinante.

*Consultora en Estrategia de Comunicación.

 

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