Reuters.- Un fuerte aumento en el número de menores migrantes detenidos en su intento por ingresar ilegalmente a Estados Unidos se ha alimentado en parte por una nueva ley mexicana que impide capturarlos mientras se dirigen a la frontera norte de México, según migrantes y una evaluación interna del gobierno.
En enero, a pocos días de que el presidente estadounidense Joe Biden entrara en la Casa Blanca, la Ley de Protección para Menores prohibió detenerlos en centros migratorios, como venía ocurriendo, además de ofrecerles un estatus legal provisional para evitar su deportación inmediata.
El creciente número de jóvenes migrantes ilustra el dilema que actualmente enfrentan México y Washington. Ambos quieren mejorar las condiciones de los migrantes, especialmente de los niños, pero en su intento han exacerbado un fenómeno que ahora luchan por manejar.
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“México enfrenta una crisis humanitaria de niños y adolescentes que atraviesan el país”, dijo Misael Hernández, experto en migración del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Las autoridades migratorias están dejando la responsabilidad al DIF que tienen bastantes limitaciones en infraestructura y derechos humanos”, aseveró Hernández.
En marzo, 18,890 menores de 18 años fueron aprehendidos sin padres ni tutores legales en la frontera entre Estados Unidos con México, un aumento de casi seis veces con respecto al mismo periodo de 2020, según datos oficiales estadounidenses.
Protección a niños migrantes
La ley fue aprobada por el Congreso con el apoyo de todos los partidos a finales de septiembre y se promulgó en noviembre. En enero entró en vigor.
Cuestionado sobre la ley, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Washington apoya a México en su trabajo con socios internacionales para aplicar sus recientes reformas de protección de la infancia de forma responsable.
Los cambios en la ley incluyen la creación de un nuevo “Centro de Asistencia Social” para los menores de edad, la entrega de visas por razones humanitarias de forma “inmediata” y ponerlos en custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
La legislación establece que los menores no pueden ser detenidos por su estatus migratorio y que el DIF debe proporcionarles alojamiento cuando vayan solos o en familia, independientemente de su nacionalidad, al tiempo que “garantiza el principio de unidad familiar”.
Pero la pandemia de coronavirus ha afectado también a las arcas públicas y al DIF le faltan recursos, agregó Hernández.
Oliver Castañeda, procurador federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, reconoció que lidiar con el aumento de menores migrantes sería difícil dado que la situación no estaba contemplada con las nuevas leyes, en el presupuesto de 2021.
“Tendremos que operar con la misma infraestructura y capacidades”, dijo Castañeda.
“El gobierno mexicano no tiene ni capacidad ni instalaciones para albergar adolescentes ni a la gran cantidad de familias y adolescentes que están llegando (…) por eso el Instituto Nacional de Migración los trae aquí”, dijo Carmen Ramírez, una coordinadora en el albergue El Caminante en Palenque, en Chiapas.
Ramírez estimó que el número de migrantes adolescentes que viajaban solos, sin siquiera un guía o “coyote”, se había más que duplicado en las últimas semanas. La mayoría eran hondureños, agregó.
Pronto, dijo, los refugios privados como el suyo se verían abrumados porque no hay suficientes alternativas.
