Cuando en 2015 se modificó la Constitución para integrar el apartado del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se mandató a los congresos de los estados del país generar una estructura y facultades equivalentes, a través de cambios en las constituciones locales y la generación de leyes secundarias, y aunque el proceso debió iniciar en 2016, hay estados que están corriendo para poder cumplir con la fecha límite establecida en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que es este martes 18 de julio.

“Hoy sabemos que, a diferencia de hace algunas semanas, todos los estados están en este proceso, y aunque es posible que en cinco días el 100% cumpla con los cambios que tienen que realizar en sus constituciones locales, será muy difícil que puedan cumplir con las leyes secundarias necesarias para operar sus propios Sistemas Locales Anticorrupción”, dijo a Forbes Fernando Alcázar, investigador del IMCO.

Hasta finales de mayo, fecha última en que se actualizó el Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) generado por el IMCO, Transparencia Mexicana y Coparmex, nueve estados no habían reformado su Constitución y 24 entidades no contaban con un SLA. Entre los primeros figuraban: Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas (al día de hoy algunos de estos estados ya modificaron su constitución).

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El principal argumento que deban los congresistas de algunas de estas entidades fue que los procesos electorales que estaban viviendo no les permitían focalizarse en la generación de iniciativas anticorrupción como exigía la ley, de acuerdo al monitoreo realizado por el IMCO.

“La fecha límite para que todos los estados se suban formalmente al sistema anticorrupción es en cinco días, pero sucede que muchos congresos no están cumpliendo con los plazos y es difícil pensar que habrá consecuencias. Es decir, están incumpliendo con obligaciones legales sin que nada suceda”, dijo a Forbes Guillermo Ávila, investigador del programa Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar Centro de Análisis e Investigación.

Difundir el poco compromiso que muestran las entidades con el tema del combate a la corrupción y exigir por parte de los ciudadanos a los legisladores locales que aprueben las iniciativas pendientes es, dice el especialista de Fundar, la única herramienta social para hacer que cumplan la ley.

Cabe recordar que hubo estados como Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua que se quisieron adelantar al proceso de generación del SLA, y a los que se les fincó acciones de inconstitucionalidad desde el gobierno federal, pues lo que buscaban, a decir del especialista de Fundar, “era aprobar leyes y nombramientos que tenían la intención de proteger al gobierno saliente”.

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Lo relevante no es el tiempo

Tanto Guillermo Ávila como Fernando Alcázar coincidieron en que no solo es importante que los congresos modifiquen sus constituciones considerando el Sistema Nacional Anticorrupción como un estándar en el que deben guiarse, sino que la legislación en la materia cuente con la calidad necesaria para que realmente los beneficios de las leyes anticorrupción puedan ser percibidos por la sociedad.

“Por ejemplo, en algunos casos no se cumplió con los estándares de parlamento abierto, que implicaba la participación ciudadana y el aseguramiento de transparencia en los procesos de elaboración de la legislación anticorrupción. A nivel local hubo congresos que trabajaron a puertas cerradas, disminuyendo la legitimidad y profundidad de lo que salió de ahí”, mencionó Guillermo Ávila.

El Semáforo Anticorrupción del IMCO también mide la calidad de la legislación en materia de corrupción de cada entidad con base en una ley modelo creada por este organismo, y que fue desagregada en 30 puntos que se evalúan en una escala de 0 a 100.

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Esta medición arrojó que la mayoría de las legislaciones locales tienen como común denominador el hecho de que los Sistemas Municipales Anticorrupción se enfrentan a realidades diferentes a pesar de que los municipios sean parte de una misma entidad. Esto, dice el especialista del IMCO, da como resultado que hay tareas en materia anticorrupción que sí podrán hacer municipios, pero otros no, por falta de infraestructura básica como son las computadoras para el registro de incidencias; “tampoco hay claridad de cómo las decenas de municipios que hay en entidades como el Estado de México tendrán representación en los órganos vigilantes del SLA”.

Otro aspecto recurrente es que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción crea un Sistema Nacional de Fiscalización que cuenta con un comité rector que prácticamente está integrado por las cabezas de Hacienda, la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación, y que es acompañado de 7 miembros rotativos de los estados. El problema está en que se han formado comités de fiscalización en las entidades que duplican las tareas del órgano federal.

“Algo similar ocurre —dice Fernando Alcázar— con el tema de las plataformas digitales estatales que se quieren crear para reportar y gestionar casos de corrupción. Nuestras mejores leyes evaluadas no contemplan sistemas individuales de información, porque ya existe una plataforma digital nacional que pueden utilizar todos los estados”.

Un tema más que genera interrogantes entre los especialistas es el de los nombramientos de las personas que integran los comités de las instituciones locales para el combate a la corrupción, pues “no todas las legislaciones garantizan criterios de selección ni de rendición de cuentas en puestos clave, como son los magistrados de justicia, los fiscales anticorrupción y los comités integrados por ciudadanos”, señaló Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas.

Una preocupación más para los especialistas es la viabilidad de la implementación de ciertas disposiciones, ya que existe registro de algunos casos donde se han cambiado las tipologías, conductas y clasificaciones. “Con esto se modifican los alcances de la fiscalización que se lograron a nivel federal y se limita el accionar contra la corrupción y el desmantelamiento de redes involucradas en actos que la ley debiera sancionar por parte de servidores públicos”, dijo Lourdes Morales.

Algunos de los estados que el Semáforo Anticorrupción clasifica con cambios deficientes a su constitución local son Jalisco, Morelos y Veracruz. Esta herramienta de monitoreo se actualizará el próximo lunes 17 de julio en el sitio web del IMCO, un día antes de que venza el plazo para las entidades del país.

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