Las discusiones más fuertes en torno a la reforma energética estarán en las leyes secundarias, en donde se definirán la participación de las empresas nacionales, los mecanismos de transparencia, entre muchos otros aspectos clave.

 

 

En los próximos meses la agenda política y el entorno mediático estarán marcados por el inaplazable debate de la reforma energética. Como es de esperarse, la discusión en torno a la reforma- debido en gran medida, a que  este es un tema que polariza al espectro político nacional-  se centrará en la modificación constitucional. No obstante, conforme  el debate se acerca es pertinente insistir- sin demeritar- que este aspecto solamente representa una parte del amplio proyecto que implica una reforma energética como la propuesta.

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Cuestiones de suma importancia como la participación de las empresas nacionales en la nueva  cadena de valor, la implementación de  mecanismos que fomenten la  transparencia de los proyectos, así como los lineamientos que guiarán la inversión de las empresas nacionales y extranjeras en el  sector- y que determinarán el impacto real de la reforma- deberán ser abordados en la leyes secundarias.

Así por ejemplo, en su comparecencia ante el Senado el mes pasado, el Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell expresó una serie de medidas para modernizar a Petróleos Mexicanos  y al sector energético en general, entre las cuales el Secretario propuso: “reimpulsar la industria química y petroquímica a la inversión privada, así como transportación, además de establecer un nuevo régimen fiscal para Pemex.

Así mismo Coldwell  dijo que el nuevo régimen energético buscaría “impulsar la transparencia y rendición de cuentas; fortalecer a las comisiones reguladoras ratificándolas como entes desconcentrados con autonomía presupuestal; crear un fondo que administre las ganancias de la renta petrolera a largo plazo, y convertir a Pemex en un motor de promoción de proveedores nacionales.”

Es evidente que las regulaciones que harán posibles estas medidas, no se implementarán en el texto constitucional.  En este sentido es importante reconocer que el debate significativo, así como la implementación eficaz de la apertura constitucional, gira en torno a las leyes secundarias.  Por ello, la experiencia internacional de otros países que han modificado su marco jurídico apostando por la apertura, es indispensable para llegar a un resultado satisfactorio que beneficie a los mexicanos.

Noruega,  por ejemplo puede aportar su invaluable experiencia en la conformación de un fondo soberano  que hoy es muy exitoso. A partir de las renta petroleras, Noruega ha creado un fondo de inversiones que vale 1.47 veces el PIB noruego.

Propuestas como la de volver a Pemex un motor de promoción de proveedores nacionales, pueden ser ampliadas para que la ley secundaria haga efectivo en los proyectos, el contenido nacional y la coinversión nacional y extrajera, fijando en este último caso, porcentajes determinados bajo los cuales esta debe llevarse a cabo.

Ciertamente los debates en torno a la reforma energética deben ampliarse hacia las leyes secundarias pero además deben reunir la experiencia de todos los actores, nacionales e internacionales por igual. Sí bien tiene particularidades y situaciones únicas,  la industria nacional de hidrocarburos no es diametralmente opuesta a las industrias de otros países, por lo cual tanto las experiencias  en común, como las diferencias, deben plasmarse en un marco regulatorio que busque desarrollar la industria nacional en  beneficio del país.

 

 

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