La tradición económica liberal promueve las soluciones de mercado por ser eficientes, y tiende a oponerse a la intervención gubernamental por la distorsión causada en las decisiones individuales cuando los gobiernos se exceden en sus afanes proteccionistas. Pero, aunque los gobiernos sean ineficientes, costosos o hasta torpes, están en el centro de la generación de valor en todas las economías. Protegen los derechos propiedad, resuelven fallas de mercado -como los monopolios- y promueven la inversión al crear infraestructura productiva de transporte, energía y agua. Son los proveedores de los bienes públicos por excelencia, por ejemplo, seguridad pública, competencia económica y combate a la inflación, de los cuales no podríamos gozar sin los impuestos que recaudan y gastan.
Pero los gobiernos fallan con demasiada frecuencia, en especial, los gobiernos locales de América Latina. En un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en el que participamos varios economistas de la región, se concluyó que se desperdicia en promedio el equivalente al 2% del PIB al año en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, debido a las ineficiencias causadas por la forma en que gastan los gobiernos locales. 2% del PIB de México equivale a lo que gasta el gobierno federal en programas sociales (2.4%) o más de la mitad de la inversión pública (3.8%).
La ineficiencia del gasto se explica en buena medida por el aumento acelerado del gasto subnacional como consecuencia del esfuerzo de descentralización fiscal promovido por el Banco Mundial y otras instituciones internacionales, que buscaban desmantelar los gobiernos centrales fuertes, delegando atribuciones a los gobiernos locales. La apuesta era que los gobiernos locales responderían mejor a sus electores. Los resultados no han sido convincentes.
De acuerdo con la revista británica The Economist, en la región la proporción del gasto controlado por los niveles subnacionales de gobierno casi se duplicó entre 1985 y 2015, hasta llegar a ser 25%. En México, esa proporción alcanzó 38% en 2018. Es decir, la decisión de gasto de uno de cada tres pesos del sector público mexicano recae en gobiernos locales. De lo gastado a nivel subnacional, sólo el 5% se destina a inversión. La vasta mayoría se destina a gasto corriente, es decir, consumo público que se compone principalmente de servicios personales, transferencias y subsidios que representaron 65% del gasto total subnacional entre 2000 y 2018.
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Aunque el gasto corriente en sí no es un mal destino de los recursos públicos, porque se canaliza a la provisión de servicios y bienes públicos valiosos, su calidad ha ido en decremento. La educación, la salud y la seguridad públicas son el principal destino funcional de este gasto corriente, pero los magros resultados son palpables: En la última medición de la pobreza multidimensional de CONEVAL, se reportó que la población mexicana con algún tipo de rezago educativo aumentó en 2.8 millones de personas de 2016 a 2022; ¡y la población carente de servicios de salud se incrementó en casi 32 millones de personas en solo seis años! Si incluimos la evolución dañina de delincuencia y la inseguridad, la historia se completa. En contraste, el presupuesto a cargo de los gobiernos locales ha ido en constante crecimiento desde que se tiene registro. Más gasto, pero con peores resultados.
Los gobiernos locales no solo están fallando con mucha frecuencia, sino que además están fallando en campos que determinan la capacidad productiva del país hoy y en el futuro. Ante la propuesta de un presupuesto federal con un faltante de 5.4% del PIB para 2024 y con crecimiento notable en el gasto corriente, la discusión de los economistas y el cuestionamiento del sector empresarial al público debería centrarse en la calidad del gasto público, no sólo como un insumo para la creación de valor, sino también como un indicador de la capacidad de los estados de abonar a la economía.
Es momento de cuestionarnos si el modelo de descentralización debe redefinirse. Con 2% del PIB adicional bien gastado podríamos duplicar el crecimiento del país y, al mismo tiempo, cerrar las brechas sociales que tanto padecemos.
Contacto:
José Carlos Rodríguez Pueblita es profesor del área de Entorno Económico de IPADE Business School.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
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