Forbes México presenta el primer ranking de las empresas que más empleos generan en el país. Walmart y FEMSA encabezan la lista. Aunque, finalmente, son las pequeñas y medianas empresas las que aportan el mayor número.
Por Eduardo García
Hace más de un siglo, Francisco G. Sada, José A. Muguerza, Isaac Garza y José M. Schneider iniciaron una aventura cervecera en la ciudad de Monterrey. Ese esfuerzo se conocía como Cervecería Cuauhtémoc. Hoy lleva el nombre de
Fomento Económico Mexicano (FEMSA), un emporio internacional que ha permitido generar, tan sólo en México, más de 162,000 puestos de trabajo.
Según el primer ranking sobre reclutadores hecho por
Forbes México, sólo arriba de FEMSA está la cadena de supermercados más grande de México: Walmart de México y Centroamérica, con más de 207,000 trabajadores. De acuerdo con estimaciones privadas, cuatro o cinco personas dependen de un empleo en una de esas compañías.
Por ejemplo, FEMSA, que hoy ya no fabrica cerveza, sino que se dedica a la producción, distribución y venta de cerca de 1,850 millones de cajas de refrescos en el país al año y a la operación de más de 11,000 tiendas de conveniencia Oxxo, impacta, por el número de empleos que ha generado en México, a cerca de 729,000 personas.
Obviamente no son las únicas compañías que generan empleos en el país. Empresarios como Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego forman parte de ese listado. Al mismo tiempo hay otros nombres: la familia Robinson Bours (Industrias Bachoco y Megacable) emplean a 37,500 personas, mientras que Alberto Baillères (Industrias Peñoles, Grupo Palacio de Hierro, GNP y Profuturo) cuenta con 32,200 empleados.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esas compañías son las que generan casi tres cuartas partes de los empleos formales privados del país; una suma que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), alcanzaba los cerca de 16.8 millones de mexicanos a finales de febrero de este año.
El número de empleos que generan esas pequeñas y medianas empresas suman, por tanto, 12.2 millones de trabajadores, o una derrama económica que beneficia a cerca de 55 millones de mexicanos, siempre y cuando se considere que por cada empleo formal, cuatro o cinco personas se benefician de éste.
De cualquier manera, para los especialistas laborales el efecto que tienen sobre el empleo las actividades de las pequeñas y medianas empresas, comparado con el que tenían hace 50 años, es de tal magnitud que debería estar provocando un cambio a fondo en la forma como el Estado mexicano determina las reglas del mercado laboral.
¿Y la justicia laboral?
Hoy, las reglas y los mecanismos de justicia laboral que tiene el país, dicen los especialistas, inhiben la creación de empleos formales por los altos costos que representa la contratación de manera formal de un trabajador. Con las leyes actuales, no importa si una empresa cuenta con dos o 20,000 trabajadores; en ambos casos, todas las compañías deben cubrir las mismas prestaciones, sin ninguna diferenciación en escala gradual de pago.
De igual forma, el despido de un trabajador tiene la misma dificultad para el pequeño empresario, que carece de una división de Recursos Humanos, que para una gran corporación que cuenta con contadores y abogados especialistas en el tema.
Para que México en verdad fomente la creación de más y mejores empleos formales, el Estado debe revisar a fondo todo el sistema de seguridad social que existe en el país y mejorar los sistemas de impartición de justicia laboral, a fin de que se reduzcan los costos de ambos factores para la contratación de un trabajador formal, sostiene Manuel Molano, director general adjunto del
Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Dice Molano que hoy cada trabajador formal representa un costo adicional para el empleador de cerca de 10,400 pesos (800 dólares) en promedio al año para, con ese monto, cubrir el gasto de la seguridad social. Sin embargo, el especialista se pregunta si esos servicios tienen ese precio para el trabajador, o si bien podría tener una percepción de una prestación con menores beneficios monetarios por la calidad del servicio en materia de salud que recibe ese trabajador.
Con base en el costo anual del seguro popular —otra forma de que una persona en México pueda contar con cierta cobertura en servicios de salud, aunque más limitada—, el precio dispuesto a pagar por esa prestación por un trabajador es de 3,900 pesos (o 300 dólares), un diferencial que pone en duda si el precio actual que tiene la seguridad social en México es el correcto.
Si a esa problemática se suman los altos costos que hoy tienen las disputas laborales para todas las empresas, es bastante entendible que una empresa o emprendedor lo piensen dos veces antes de hacer una contratación. Aunque México dio un paso importante para reducir los costos de un despido al reformar la ley laboral y limitar el monto máximo de los salarios caídos a un año, si se prolonga la disputa el monto anual acumulado sigue generando intereses.
Esto, si bien puso un techo a la base sobre la que se calcularán esos intereses, no eliminó necesariamente los incentivos perversos que hoy tiene el sistema de justicia laboral para que un trabajador prefiera prolongar la disputa con su antiguo empleador, antes de lograr un acuerdo que resuelva de manera expedita esa problemática.
Para Molano, el problema de la falta de justicia laboral deriva del hecho de que el sistema se creó hace 50 años, cuando los conflictos laborales eran entre sindicatos y empresas. Hoy, sin embargo, de acuerdo con estadísticas de las entidades encargadas de resolver los conflictos laborales (las Juntas de Conciliación y Arbitraje), la gran parte de los conflictos que resuelven esas entidades tienen que ver con diferencias individuales entre un trabajador y su patrón.
De ahí que para Molano debería ser prioritario reformar el aparato de justicia laboral, a fin de que la incertidumbre y problemática que hoy rodea el cese de un trabajador sea menor y ofrezca mejores garantías de su pronta resolución, y a un precio razonable para ambas partes.
Muchos especialistas creen que de lograrse esas mejoras, junto con el pago de prestaciones acordes con su valor en el mercado, la demanda laboral en México podría crecer de una manera mucho más acelerada.
Si México no es capaz de absorber su creciente fuerza laboral y no cambia los sistemas de seguridad social y los esquemas obtusos para despedir a los trabajadores, es difícil prever también que los salarios de los trabajadores puedan crecer a un ritmo tal que la demanda doméstica se convierta en un verdadero motor para impulsar el crecimiento económico del país.
