La defensa del honor del Ejército frente a un supuesto ataque por parte del sector de la sociedad es la nueva estrategia del gobierno federal. Se busca evadir la responsabilidad del incremento de los índices de violencia y atacar al candidato opositor puntero en las encuestas. La estrategia incluye spots televisivos y en cines, la participación de militares en el partido de la selección de fútbol, el coro habitual de “líderes de opinión” coordinado desde Los Pinos y las declaraciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que ve al tema como la última oportunidad para subirse al tren de la sucesión.

Incluso el Secretario de Salud, José Ramón Narro Robles, supuesto caballo negro priista, aprovechó el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio para abonar en el uso electoral del Ejército. Se acusa a quienes han cuestionado acciones militares específicas de vulnerar a la institución militar. En realidad, quienes afectan al Ejército son los que no han investigado con transparencia y detalle las acusaciones de exceso en el uso de la fuerza que se han realizado en ciertos operativos. También los que, en su desesperación, no dudan en utilizar a las Fuerzas Armadas para confrontar a López Obrador en su aspiración presidencial.

Cuestionar el récord del Ejército en cuanto a derechos humanos se refiere, lejos de ser una mezquindad a una obligación de todo ciudadano interesado en los asuntos públicos. El ejército, como el resto de las agencias del Estado, debe ser objeto permanente de escrutinio; solo así funcionan las instituciones en la democracia.

Cuestionar el uso permanente del Ejército en tareas de seguridad es un derecho que tienen las personas que piensan que esa estrategia ha sido equivocada. Especialmente cuando los indicadores en materia de seguridad sólo empeoran. Ese debate es fundamental cuando el gobierno propone inventar una categoría, la de seguridad interior, para perpetuar la actividad de las Fuerzas Armadas en labores que son esencialmente de seguridad pública.

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En la lógica del gobierno, los militares toman enormes riesgos para proteger a los ciudadanos, lo cual es cierto, todos lo reconocemos y es parte de su trabajo, no es válido cuestionar su actuación. Ellos, en cambio, sí utilizan al Ejército y su trabajo como arma política.

Existe un argumento, que comparto, en el sentido de que fue equivocado utilizar al Ejército para tareas permanentes de seguridad. Como se trata de cuerpos que no están entrenados para prevenir el delito, ni investigarlo, ni atacarlos con uso mínimo de la fuerza, el resultado es que en el corto plazo se controlaron las escaladas de violencia, pero ésta no se redujo de manera permanente. No sorprende que la operación masiva del Ejército en las calles generó abusos y violaciones de derechos humanos, que en general, como sucede con la impartición de justicia en México, ni fueron contenidos, ni debidamente investigados.

La intervención militar sirvió y sirve de pretexto para no consolidar cuerpos de seguridad civiles eficaces. Es por eso que no pedimos la salida inmediata del Ejército, no es posible, sería contraproducente. Pero, al mismo tiempo, nos oponemos a que, con categorías como seguridad interior, la presencia sea permanente, se pierda transparencia y se evadan controles.

Por el contrario, la idea es que el crimen organizado se combata con acciones de inteligencia y con un uso adecuado de la fuerza, sujeto a revisiones, y que minimice los posibles daños a la población.

En todo esto no existe la intención ni de dañar al Ejército, ni de demeritar su trabajo, incluso ni de hacerlos responsables de una estrategia de seguridad que ellos no eligieron. Fueron las autoridades civiles de los gobiernos de Calderón y Peña los que decidieron enviarlos a las calles, sin los controles necesarios y sin una estrategia de salida.

El gobierno, por el contrario, es el que juega con la idea de que los militares dejarán de manera súbita las tareas de vigilancia, si no se aprueban las iniciativas de seguridad interior. Se trata de un chantaje para mantener, ante la inminente victoria opositora, el mismo modelo de seguridad, cuando los resultados son contrarios a los esperados.

A propósito, se pretende vender la idea de que existen dos bandos, los que están a favor y en contra del Ejército, los que piden su retiro inmediato y los que reconocen que su presencia en indispensable para cientos de comunidades. La pregunta es otra; ¿qué tenemos que cambiar para que la seguridad de los ciudadanos y la disminución de la violencia sea el centro de las políticas públicas?

 

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