El proceso electoral 2024 ya inició, lo que implica que en poco tiempo las y los usuarios de tecnologías digitales estaremos inundados de propaganda política cuyos objetivos podríamos reducir básicamente a dos: proponer a un o una candidata como la mejor propuesta y, por otra parte, exponer los mayores defectos o errores de sus contrincantes.
En este sentido, existen una serie de normativas que regulan la actuación de las y los candidatos; de ellas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es la más importante. Aquí se explica de manera amplia la forma en que actores y partidos políticos podrán disponer de los espacios en radio y televisión para hacer propaganda y las condiciones en las que debe realizarse. De hecho, la reforma electoral del 2008 convirtió al INE en una especie de central de medios, pues entre sus funciones, se encontraba la de repartir los tiempos oficiales a los partidos políticos durante campañas electorales.
Además, de la repartición de tiempos oficiales, tanto la normativa, como las autoridades electorales son específicos y regulan la manera en que radio, televisión y prensa impresa se suman al proceso electoral. Sin embargo, hay dos grandes condiciones que no se están tomando en cuenta.
La primera es que las audiencias de medios tradicionales van a la baja y que cada vez menos gente ve la televisión o escucha la radio. Simplemente hay que echarles un ojo a las estadísticas trimestrales del IFT para constatarlo.
El segundo punto es que la LEGIPE no contempla ni comunicación digital, ni plataformas, ni redes sociales, tampoco Internet, ni cualquier tecnología que pudiera intervenir en los procesos electorales. La última reforma es de marzo de 2023 y no contiene una sola mención al respecto, lo cual resulta de interés, puesto que en México hay más de 90 millones de usuarios de Internet y el 96% del grupo de entre 18 a 24 años, esto es, quienes votarán para elegir presidenta o presidente por primera vez, tiene acceso a la red, es decir, es una de sus primeras fuentes de información.
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Por supuesto, la inteligencia artificial no está contemplada dentro de la normativa electoral, sin embargo, puede ser detonante de muchas situaciones que pueden confundir al electorado. Estas podrían ser algunas de las más importantes.
Uso de tecnología Deep fake. Desde hace un tiempo, hacer videos con tecnología Deep Fake se volvió relativamente fácil; incluso programas que pueden lograr alteraciones bastante fidedignas están en las tiendas de aplicaciones. Por ello, no será raro ver estos videos que pongan en situaciones incómodas o improbables a candidatas o candidatos, figuras públicas, influencers o autoridades.
Creación de filtros burbuja más eficientes. Un filtro burbuja es la forma en la que se entrena (o se invierte) en un algoritmo para que de forma intencional resalte o discrimine una tendencia de noticias frente a un segmento de la población. Utilizando IA dichos filtros pueden volverse masivos o personalizados y crear tendencias de información que apoyen o denosten una propuesta política.
Noticias falseadas y sesgo algorítmico. Las noticias falseadas pueden circular a una velocidad sorprendente, incluso más rápido que las noticias verdaderas. Ello implica que incluso sistemas que pueden mantenerse al margen de posturas políticas empiecen a difundir información incorrecta debido a que su entrenamiento está recopilando fake news de la web y no cuenta con elementos suficientes para discernir sobre la información.
Automatización de campañas electorales. Los sistemas de venta y subasta de anuncios digitales son sumamente sensibles a la interacción de los usuarios con los contenidos, a grado tal que son capaces de reconocer el grado de interés que puedan tener en un tema para desarrollar pautas personalizadas en tiempo real. Si se explotan los intereses políticos, religiosos, de género o étnicos, puede caerse en campañas poco éticas en el mejor de los casos o incluso, fuera del margen de la ley.
Una de las grandes ausencias en la LEGIPE es el tema de la fiscalización de los recursos digitales y la forma en que debe fiscalizarse la actuación de las y los candidatos. Por ello, es urgente que tanto plataformas, como autoridades y sociedad civil encuentren puntos de encuentro para que los procesos democráticos no sean vulnerados ante la vorágine tecnológica.
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