Se entiende que el régimen haga lo necesario para frenar la caída libre. Lo que no se explica tan fácilmente es la complicidad silenciosa de la oposición.

 

 

En la coyuntura, el único consenso que se mantiene en pie es que México atraviesa una crisis de fragilidad institucional, y de legitimidad de la clase política. Ambos factores requieren de decisiones de fondo, más allá del manejo de crisis mediática.

¿Qué pasó en el país que cortó de tajo el “mexican moment” y develó una realidad convulsa? Absolutamente nada. La terca realidad se encargó –como lo ha hecho antes, y lo hará después– de arrastrar por las calles la narrativa oficial.

 

Realidad vs. narrativa

Una narrativa fincada en expectativas, en pactos cupulares que permitieron superar la inamovilidad legislativa, en el regreso de símbolos y rituales, en la premisa paternal de la gran familia mexicana que logra acuerdos, apaga estridencias, minimiza la violencia, y muestra al mundo su mejor cara. Un segundo milagro mexicano –esta vez promotor del libre comercio y no de la sustitución de importaciones– hecho de reformas y apretones de manos.

El enorme problema de este proyecto nacional es que hace homogéneo lo que a todas luces es diverso y hasta antagónico, y asume debilidades estructurales el Estado de derecho, por ejemplo como problemas “culturales”, es decir, irresolubles en el parpadeo de un sexenio y para ser más claros: problemas de alguien más.

Este planteamiento gubernamental ha enarbolado la transformación y el movimiento, el cambio y el reformismo. Ha modificado lo que requiere de una mayoría calificada, pero ha dejado intacto lo que requiere un mínimo de voluntad política. Es más fácil cambiar la constitución que cambiar conductas. Frente a nosotros, los planos de un país distinto que evocan la arquitectura del antiguo régimen.

Hay –en el fondo de esta crisis institucional y de legitimidad política– una brutal oquedad entre las afirmaciones públicas y las acciones públicas; una brecha entre la ley y la justicia; una insana distancia entre ciudadanos; una diferencia abismal entre entidades federativas.

Sabemos que tras el sonoro “tope donde tope”, la ley topa con la impunidad. Sabemos también que las aclaraciones –la famosa residencia de Sierra Gorda es joya ilustrativa– no persiguen convencer a la opinión pública de la verdad, sino exigirle que deje de cuestionarla, pues desde la óptica de quienes aclaran, tendríamos verdades más graves que atender.

 

¿Qué sigue?

Esta misma semana se firmará otro acuerdo, otro pacto, otra manera de contener la crisis mediática sin atacar la crisis política. La apuesta es sencilla: despresurizar en lo inmediato para esperar que el “puente Guadalupe-Reyes” haga el resto: aletargar la movilización social, apaciguar los ánimos.

Se entiende que el régimen haga lo necesario para frenar la caída libre. Lo que no se explica tan fácilmente es la complicidad silenciosa de la oposición. Una que reclama en voz baja para dejar constancia que lo ha hecho, pero que falla en la tarea esencial de contrapeso democrático, delatando la pérdida de autoridad moral para señalar los yerros del gobierno.

El presidente Peña Nieto llegará este lunes 1 de diciembre al segundo año de gestión. El ritmo cadencioso de un primer año de reformas exitosas en su confección y negociación, ha sido sustituido por un caótico escenario de atonía económica –en 2014 creceremos prácticamente la mitad de lo originalmente pronosticado, en buena medida por el golpe fiscal al consumo y la inversión privada– y descrédito institucional. Un pacto más, será un paso menos en el camino para solucionar el conflicto.

 

 

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