En la madrugada, los diputados de Morena y aliados aprobaron una iniciativa para reformar las leyes Mineras; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, en las que se establece que se permitirán concesiones por un máximo de 80 años, cuando la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador era reducirlas de 100 a 30 años.
Con 251 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 209 en contra del PRI, PAN, PRD y MC y una abstención, los legisladores avalaron dichas modificaciones a leyes secundarias, luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con diputados y con integrantes del sector minero.
“Las concesiones mineras tendrán una duración de 30 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería, de los cuales, los primeros cinco se destinarán a actividades preoperativas”, señala la propuesta de reforma al artículo 15 de la Ley Minera.
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Asimismo, menciona que las concesiones se podrán prórrogar por una sola ocasión por un término de 25 años, cuando sus titulares no hubieren incurrido en cualquiera de las causales de cancelación.
Esta prórroga, señala, deberá ser solicitada dentro de los dos últimos años y hasta un año antes del término de su vigencia y deberán contar con las autorizaciones y permisos necesarios para su operación, así como con la concesión de agua para uso industrial en la minería vigente.
La minuta enviada al Senado señala que las concesiones mineras se deben cancelar por no realizar oportunamente los pagos de las contribuciones por dos ejercicios consecutivos; por no presentar los informes a que está obligada la persona concesionaria por dos años consecutivos; por no iniciar los trabajos correspondientes en el plazo de un año; por no contar con la concesión de agua para uso industrial en la minería vigente; por la exigencia de riesgo inminente de desequilibrio ecológico.
En la discusión de casi cinco horas, Morena y sus aliados rechazaron las reservas de las bancadas de oposición, como ordenar que 10% de los impuestos a las empresas mineras fueran destinados para mejorar la infraestructura de las comunidades cercanas a las minas.
Solo se aceptó al reserva de la morenista Irma Juan Carlos, la cual garantiza la realización de consultas a las comunidades y pueblos indígenas, y el costo de éstas deberá ser cubierto por la persona física o moral que solicite la concesión.
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