La reforma a la Ley de Hidrocarburos, aprobada por el Congreso mexicano, afecta no solo a las empresas que comercializan combustibles, sino a las empresas privadas que buscan y producen petróleo y gas.
“El negocio de upstream, si se afecta esta segunda parte que es la comercialización, muy probablemente se afecta de manera indirecta el negocio de exploración y extracción”, declaró el socio de la firma de abogados Sánchez Devanny, Mauricio León, durante un evento virtual.
El abogado dijo que no tiene sentido el negocio de exploración y producción si después las empresas no pueden vender y enviar al extranjero los hidrocarburos.
“La suspensión puede llevar a la administración del permisionario, no habla de la administración del permiso, sino que habla de control del permisionario. Como es solamente una industria y una sola actividad integral, se vuelve algo muy preocupante la suspensión”, señaló.
La otra amenaza se concentra en la actividad de almacenamiento de hidrocarburos donde existe “total incertidumbre” respecto a las actividades donde el gobierno mexicano pretende aplicar las nuevas disposiciones jurídicas y revocar permisos.
“También para upstream pudiera haber un riesgo en relación con revocación del permiso, principalmente para aquellas empresas que las hay bastantes, si bien tienen contratos para exploración y extracción, no han tramitado permisos de comercialización o exportación“, advirtió.
Con las rondas petroleras, organizadas durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, se entregaron 107 contratados de exploración y extracción a 73 empresas licitantes, incluida Pemex.
Estos contratos han generado inversiones por 7,000 millones de dólares (mdd) e ingresos al Estado mexicano por casi 2,600 mdd.
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El pasado 26 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa legislativa para reformar artículos de la Ley.
Su objetivo es solicitar un almacenamiento mínimo de combustibles a las empresas, aplicar un silencio administrativo (negativa ficta) para negar permisos, cancelar permisos con la intervención de instalaciones, combate al contrabando de permisos, además de suspensión de permisos por peligro inminente de seguridad nacional y energética o para la economía mexicana.
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