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Un conflicto con aproximadamente 100 años de antigüedad tiene en riesgo a uno de los primeros Pueblos Mágicos del país, Real de Catorce, a sus habitantes y a las tradiciones de pueblos originarios.

Ante ello, piden al gobierno actuar después de tantos años de lucha, ante el temor de ser o seguir siendo despojados de sus tierras e identidad.

El primer despojo hecho al pueblo de San Luis Potosí fue en 1892, cuando se otorgaron 5 (8567 hectáreas) de los 6 ejidos, concedidos en 1639, a una compañía privada. Fue hasta el 3 de octubre de 1917, por decreto presidencial, que fueron regresadas las tierras al pueblo en la Resolución de Restitución de Ejidos al Pueblo de Catorce, en la que también se definió que no se debe afectar al fundo o pueblo central (1,756 hectáreas restantes).

Desde los años 1980 a la fecha, se difundió un rumor referente a que la zona del Fundo Legal de Catorce (centro del pueblo) le pertenece a los ejidatarios y que al ser propiedad del ejido, los terrenos y las fincas les pertenecen, incluyendo la presidencia municipal, iglesias, casa de moneda, calles, panteones, calles, jardines y todo lo que se encuentre en dicha zona. 

Este rumor lo comenzaron a materializar cuando tomaron la titularidad del ayuntamiento los integrantes del Ejido de Catorce y Anexas emanados del PRI, comenzando a despojar a diversos propietarios de sus casas, en complicidad con personal de la Procuraduría Agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria y el personal del Tribunal Unitario Agrario. 

Estos despojos se realizaban sin que el ejido comprobara ante esas instancias haber sido beneficiado con esta porción de tierra, anulando escrituras de forma arbitraria y vendiendo las tierras.

Toda la problemática se agravó en junio de 2019, cuando el Ayuntamiento actual y el Ejido de Catorce y Anexas celebraron un convenio ante el Tribunal Unitario Agrario, donde la presidenta municipal entregó al ejido toda la zona urbana de Real de Catorce, a efecto de que midan las propiedades de los habitantes de la cabecera municipal y les promueva títulos agrarios supliendo las escrituras públicas de los habitantes de esta zona. 

Este tipo de acciones, constituyen un despojo masivo de una ciudad entera, sin que ninguno de los titulares de los niveles del gobierno federal y estatal intervengan para detener y solucionar esta situación. 

Desde enero de 2019, la Asociación de Pequeños Propietarios Privados de Real de Catorce (surgida en 2004), hizo entrega al presidente Andrés Manuel López Obrador una solicitud para salvar el pueblo y parte de la investigación hecha por ellos mismos. Hasta la fecha no han recibido una respuesta.

En la investigación de parte de los habitantes del pueblo y en la que se llevaron más de 20 años bajo sus propios recursos y tiempo, se dan a conocer documentos jurídicos que comprueban que la zona del Fundo Legal de Catorce (pueblo) no le pertenece a Ejido de Catorce y Anexas; incluyendo terrenos, fincas, presidencia municipal, iglesias, casa de moneda, calles, panteones y jardines, entre otros sitios.

El llamado no solo se limita al despojo de terrenos y propiedades del pueblo. Los miembros de la comunidad Wixárika o huichol son originarios principalmente de Nayarit y Jalisco, pero se ven en la necesidad de salir de sus tierras para trabajar y Real de Catorce es uno de los lugares donde radican por temporada.

También, parte de la ruta sagrada establecida en base a sus tradiciones, se encuentra dentro del territorio de Real de Catorce. Uno de sus centros ceremoniales se encuentra en el Cerro del Quemado, ubicado en las orillas del pueblo y también se encuentra en riesgo debido al conflicto ejidatario.

Para Kumatame (bisabuelo cola de venado) de la Cruz relata que ya no pueden llegar al Cerro del Quemado caminando, como lo hacían sus abuelos porque los caminos se encuentran cercados.

“Como joven es importante llevar y conservar nuestras tradiciones como cultura. Me gustaría que se respeten y se conserven nuestros lugares sagrados que existen en diferentes estados de México, que no invadan nuestra cultura. Sé que no somos de aquí, pero este lugar es importante para nosotros”, declaró.

“No quisiéramos perder el Cerro del Quemado, necesitamos enseñar a nuestras familias y nuevas generaciones nuestra tradición de dejar ofrenda y hacer vela en este lugar. Nos preocupa que en algún momento no nos dejen entrar”, afirmó a su vez Rogelio de la Cruz Carrillo.

Alguna vez considerado un “pueblo fantasma”, el antes pueblo minero famoso por ser una gran set de filmaciones, es un lugar místico que busca resurgir de este conflicto para poder reactivarse no solo como destino turístico; sus habitantes esperan la resolución de los conflictos para poder tener un crecimiento económico y de infraestructura, que también se ha visto afectado desde hace décadas. 

Con la esperanza de que alguna autoridad resuelva el conflicto, los habitantes buscan que se definan los límites de los terrenos restituidos y los límites del pueblo, que se protejan los sitios y rutas sagradas, centros ceremoniales de los wixárikas, así como reservar los monumentos y zonas emblemáticas de la ciudad y del Fundo Legal para evitar su saqueo y destrucción. 

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