El Acuerdo de Asociación Transpacífico promete un mercado de 100,000 mdd para 12 países, pero también contiene medidas que pueden poner en jaque la libertad de los usuarios en internet de estas naciones, México incluido.

 

El 27 de octubre (de 2015), el senador Omar Fayad Meneses abrió la polémica sobre la regulación de internet cuando presentó la iniciativa de Ley federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos. Hoy, la llamada ley Fayad ha sido retirada, pero la discusión sobre el tema se mantiene vigente y algunos aseguran que una amenaza mayor se avecina: el Acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).

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“El TPP podría impedir que países como México adopten disposiciones para la protección de la privacidad de sus ciudadanos, y el Estado hasta podría ser demandado por ello”, asegura Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

El TPP es un acuerdo de libre comercio promovido por Estados Unidos (EU), el cual involucra la participación de 11 países más: México, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, Perú y Chile. La promesa que guarda es un mercado de más de 100,000 millones de dólares (mdd).

El acuerdo comercial establece que los países firmantes del acuerdo, entre éstos México, crearán mecanismos legales pertinentes para limitar contenidos que en el entorno digital pudieran afectar los derechos de autor, de acuerdo con una supuesta versión del tratado que fue revelada el 16 de octubre de 2014 por el portal WikiLeaks, ya que los documentos finales se mantienen en confidencialidad.

La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) es cautelosa y espera que la difusión de los 26 capítulos que contiene el acuerdo comercial disipen las dudas que se han generado. Hasta el momento sólo se han publicado las versiones preliminares de los textos en español e inglés por parte de la Secretaría de Economía.

Sin embargo, la máxima organización de internet en el país no niega que le hará frente a alguna determinación internacional o intento de regulación proveniente de México que límite la libertad de los internautas.

“Quien lo quiera hacer así, que lo piense dos veces porque no va a ser sencillo dar albazos o sorpresas legislativas de esta envergadura”, dice Agustín Ríos, vicepresidente jurídico de Amipci.

 

Legislaciones polémicas

En marzo de 2010 iniciaron las negociaciones del TPP. El interés de los países es promover un marco legal común que facilite el intercambio comercial.

Las filtraciones de WikiLeaks han revelado que el TPP promueve iniciativas en temas de protección a la propiedad intelectual que podrían restringir la libertad de expresión indirectamente.

Ésta no es la primera ocasión que el tema de los derechos de autor entra en un repertorio de legislaciones polémicas que enlistan el Acuerdo Comercial Antifalsificación (conocido en 2008), que incluye la vigilancia de los usuarios por la descarga de contenidos de internet o la Ley de Propiedad Intelectual en Línea (conocida como PIPA), hasta la Ley Antipiratería (SOPA, por las siglas originales en inglés).

Todas las propuestas presentadas en EU incluyen la vigilancia del usuario en la red, hecho que despierta las suspicacias de especialistas, que ahora ven un relanzamiento de las iniciativas a través del TPP.

Al final, existe una pregunta que la misma ley Fayad ha traído a la discusión: ¿Se requiere legalizar internet en México? La respuesta de Agustín Ríos, de la Amipci, y Luis García, de R3D, coincide en un “no”.

“Internet es una red mundial, es una red abierta, es una red democrática, es una red que no está en un solo lugar, sino que es de alcance mundial. Entonces, regular internet no es necesario y no se puede desde el punto de vista técnico, porque hay diferentes capas, procesos y empresas que las utilizan”, comenta el vicepresidente jurídico de Amipci.

La única legislación necesaria son las conductas delictivas o que afectan el desempeño libre de los usuarios en internet, así como la violación de leyes que existen en los códigos penales de México.

“La conducta sí debe ser castigada si yo afecto a un tercero, por supuesto, pero se tiene que seguir respetando lo que incluso constitucionalmente existe en el país, que es el derecho a la información y el acceso a internet”, dice Ríos.

En este sentido, la Amipci ha recomendado a las autoridades de  impartición de justicia y legisladores que México se adhiera al Convenio de Budapest, un acuerdo contra la criminalidad en la red y el único tratado internacional a nivel mundial que habla de delitos informáticos como el ingreso ilícito a sistemas, pornografía infantil y delitos de propiedad intelectual.

El mismo Código Penal Federal ya establece en México una serie de castigos para actividades que transgreden la ley en internet. Por ejemplo, el acceso ilícito a sistemas de cómputo, es decir, quien acceda, elimine, altere, borre información contenida en un sistema protegido se encuentra tipificado en el artículo 211 bis del Código Penal.

“Lo que tenemos que hacer es verificar qué conductas requieren adecuaciones a los tipos penales y probablemente también pueda aumentarse la penalidad para mandar un mensaje de que México no será un paraíso para los delincuentes informáticos”, dice el vicepresidente jurídico de la Amipci.

 

Internet frágil en México

Los peligros de intentar legislar internet en México, y no las conductas, podrían ser indeseables para el país por una sobrerregulación que afectaría los logros alcanzados hasta el momento.

Este año, la Amipci contabiliza 53.9 millones de usuarios que cuentan con internet en el país, mientras que en 2006 tan sólo había 20.2 millones de internautas, cifras aún débiles frente a más de 120 millones de habitantes.

México ocupa el quinto lugar con peor conexión a internet móvil dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo detrás de Grecia, Portugal Turquía y Hungría.

México no rebasa 50% del umbral de conexión de banda ancha móvil, de acuerdo con datos del organismo a junio de 2014.

El mercado mexicano de internet requiere desarrollarse de una forma que no restrinja los derechos de los usuarios, algo que podría mantener los crecimientos vistos hasta el momento.

“Tenemos que encontrar estrategias para conectar a quienes no están conectados a internet, sin comprometer los principios fundamentales que han hecho de la red el fenómeno social y económico que es hoy”, comenta Luis Fernando García.

Es necesario aumentar recursos e inteligencia al sistema para integrar una averiguación, y tal vez hasta la creación de una fiscalía especializada en delitos cibernéticos a nivel mundial, dice el vicepresidente de la Amipci.

Agustín Ríos reconoce, no obstante, que hay un elemento aún más importante en la propuesta de no crear legislaciones absurdas: la aplicación puntual de la ley.

“Cuando se proponen leyes en los distintos sectores del país se habla de que no hay que sobrerregular, sino aplicar las leyes.  La aplicación de la ley es el pendiente del país”, dice Ríos.

Por ahora, la ley Fayad parece enfriarse cada vez más.  El director de Pulso Legislativo, Ángel Lerdo de Tejada, cree que esta iniciativa podría reaparecer en el siguiente periodo de sesiones, que inicia el 1 de febrero y concluye el 30 de abril de 2016.

Una iniciativa ciudadana podría dotar de legitimidad una nueva propuesta del senador extraído del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Podría ser que en una consulta pública consiga la firmas para convertir la iniciativa de ley en una iniciativa ciudadana, porque la regulación en internet es algo que a la gente le interesa y, de cierto modo, reclama”, asegura el especialista legislativo.

Sin embargo, el tema de la regulación de internet como lo propuso Fayad Meneses podría enfriarse en la congeladora legislativa, mientras que el TPP podría revivir pronto un tema que no termina de discutirse.

El vicepresidente de la Amipci no se atreve a lanzar una opinión contundente sobre un tratado que de forma oficial no ha revelado todos sus detalles.

“La Secretaría de Economía ha sido muy abierta y ha convocado a varias personas interesadas a ir siguiendo la negociación que hicieron en el TPP, y te puedo decir que la SE nos escuchó. Nosotros le llevamos nuestras inquietudes, obviamente también preocupaciones que pudieron haber sido aceptadas, algo que todavía no sabemos”, dice.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales también espera conocer los resultados y dar la batalla por todas las vías a su alcance.

Agustín Ríos tampoco baja la guardia: “Me parece que si pronto hay una discusión de su contenido y  detectamos que existe alguna disposición que pueda afectar de alguna manera los derechos o libertades de los usuarios de internet, obviamente nos vamos a pronunciar  y haremos el esfuerzo que nos toca mediante los canales legales para hacer llegar nuestra voz.”

 

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