Entre las 20 propuestas de reformas constituciones que envió ayer al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador, está una que propone que el Fondo de Pensiones para el Bienestar tenga 64 mil 619 millones de pesos provenientes de la venta de productos y terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo e Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo, así como de las deudas de los estados y municipios con el SAT, el ISSSTE o el IMSS.
“La iniciativa plantea la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que se integrará a partir de aportaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y de los ingresos que se obtengan de la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo”, de acuerdo con la propuesta.
El fondo de pensiones recibiría recursos de los adeudos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos, así como de las entidades federativas, de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ISSSTE o el IMSS, precisó el fundador de Morena.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar, según la iniciativa, tendrá recursos por la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit, garantizando en todo momento la imprescriptibilidad de los recursos propiedad de los trabajadores, explicó.
El jefe del Ejecutivo presentó 18 reformas constitucionales y dos legales, las cuales fueron entregadas por Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación (Segob), a la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo.
“Se propone establecer en la Constitución a través de esta reforma al artículo 123 que las personas trabajadoras con 65 años que empezaron a cotizar después del 1° de julio de 1997 conforme a la Ley del Seguro Social, y las personas trabajadoras que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS”, detalló la reforma de AMLO.
El salario promedio del IMSS al que se hace referencia se obtiene a partir del salario diario multiplicado por un factor de 30.4, que representa las 12 fracciones que tiene un año. A dicho salario se le ajustará la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Criterios Generales de Política Económica del ejercicio fiscal que corresponda.
El mandatario recordó que bajo el argumento de problemas en las finanzas públicas y tras el surgimiento del modelo de pensiones privadas implementado en Chile (1980), impuesto bajo la dictadura de Augusto Pinochet, diversos países de América Latina, México adoptó un esquema de reformas estructurales de corte neoliberal que afectó gravemente el sistema de pensiones mexicano vigente desde 1973.
Como parte de la lógica mercantilista neoliberal, en febrero de 1992 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari presentó ante el Congreso de la Unión la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), añadió
A través de una serie de reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley del Infonavit se estableció el primer mecanismo de ahorro complementario obligatorio en el país, fomentando así la transferencia a la Banca recién privatizada, del 2% del salario de cotización del trabajador para el fondo de retiro, y el 5% relativo al Infonavit para el fondo de financiamiento a la vivienda, explicó.
“Esto, con la finalidad de que el monto acumulado etiquetado para el fondo de retiro fuera devuelto a los trabajadores hasta que se jubilaran, generando incertidumbre en el esquema pensionario y afectando los derechos de la clase trabajadora”, apuntó López Obrador.
Con la entrada en vigor en 1997 de la reforma del presidente Ernesto Zedillo al sistema de pensiones del IMSS, se llevó a cabo uno de los mayores atropellos a la seguridad social de las y los mexicanos.
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“Esta reforma representó una regresión histórica al progreso de las condiciones de vida de la sociedad mexicana alcanzado por las luchas de los sectores laborales, toda vez que se contempló un nuevo régimen de aportaciones definidas, en la capitalización individual y la administración privada de los recursos de los trabajadores y del pago de las pensiones, por conducto de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y de instituciones de seguros especializadas, respectivamente, que se constituyen como sociedades anónimas de capital variable (S.A. de C.V.)”.
De esta manera, agregó, el Estado dejó de lado la administración e inversión de los recursos ahorrados, y el riesgo de fluctuaciones en manos de los mercados financieros trasladando directamente a los trabajadores y futuros pensionados, bajo un esquema desigual; el cual privilegió al sector privado y afectó gravemente a la clase trabajadora; contradiciendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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