La posibilidad de restringir la libertad es una de las herramientas más delicadas de las democracias. Se puede hacer en situación de excepción o de fuerza mayor.  La protección de la salud es uno de los aspectos donde la ley otorga mayores facultades a las autoridades, en el entendido de que existen momentos y situaciones en las que lo que está en juego es la vida de las personas. 

En los hechos, el Consejo de Salubridad General, cuenta con las atribuciones para tomar este tipo de decisiones, ya que dentro de una crisis como la que ahora se enfrenta, es la máxima autoridad. 

En Jalisco y Michoacán ya determinaron el confinamiento obligatorios de la población, y en Yucatán y Chihuahua han apretado las disposiciones para evitar la circulación innecesaria de personas.

El gobierno federal, por ahora, es reacio a la instrumentación de medidas restrictivas de mayor calado y han señalado con claridad que no habrá toque de queda ni suspensión de garantías. 

Es un dilema interesante y sin duda formará parte de las evaluaciones que se hagan con posterioridad, cuando se tenga una perspectiva más clara de lo que funcionó y lo que no. 

Como suele ocurrir, no hay una respuesta correcta sobre lo que se tiene que hacer ante  lo que ocurrirá en las próximas semanas, cuando los contagios del Covid-19 aumenten y con ellos las presiones al sistema de salud. 

En todo caso, lo importante es que las medidas que se tomen, cuenten con el respaldo legal adecuado, el consenso ( hasta dónde sea posible), evitando los abusos y protegiendo a la población.

Es un riesgo adicional, el cargarle a las policías y en su caso al ejército tareas que van a significar roces constantes con la ciudadanía. Nunca es sencillo impedir lo que hace solo unos días estaba permitido. Lo que ocurra en Jalisco y Michoacán será interesante para normar criterio al respecto.  

Lo ideal, por supuesto, es hacer caso a las autoridades, quedarse en casa, y así propiciar que los contagios se reduzcan, pero para muchos esto es realmente difícil por las condiciones de precariedad económica en las que se encuentran.

Uno de los enemigos más grandes de la estrategia para combatir al Covid-19 es la propia economía, que se refleja en la gente todavía en las calles, ya que ahí es donde se está ya generando un problema que nos acompañará por años y que tendrá su clímax  en los dramas de quienes pierdan sus empleos.

Otro obstáculo, que no hay que perder de vista, es la ausencia de una verdadera política de estado, ya que no se ha logrado una marcha en conjunto, por problemas de gestión y también de trato. Es urgente que eso se resuelva, por el bien de todos y más cuando se acaba el tiempo y se tendrán que tomar decisiones cada vez más difíciles. 

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