Como he insistido varias veces, existen muchos indicadores que colocan a México como un país que posee un potencial económico extraordinario, en comparación con muchas otras naciones. Pero este potencial no sería el mismo sin la posición demográfica que ocupamos. Somos el país más joven de la OCDE (una organización que reúne a las principales economías del mundo), y más joven que Brasil, China y Rusia, que no forman parte de la misma. Incluso, se estima que, junto con India, seremos el país con el mayor crecimiento de la población en edad de trabajar en las próximas décadas.

Sin embargo, por definición, el potencial es incierto. La historia nos da muchos ejemplos que demuestran que el hecho de que exista cierto potencial económico no asegura que el mismo se materialice en un futuro. Entonces, habrá que preguntarnos: ¿Qué variables son las necesarias para que nuestra población joven sea el motor del tan esperado desarrollo económico de nuestro país?

La respuesta rápida y correcta es: la productividad, dado que una población joven y productiva puede ser la mejor ventaja competitiva de un país en un mundo globalizado. Este tema es tan amplio como importante y, sobre él profundizaré en algún artículo futuro. Hoy quiero dar un paso atrás y analizar la participación de los mexicanos en la vida laboral.

Nuestra tasa de desempleo, de 3.2%, parecería baja; esto significa que sólo ese porcentaje de la gente que está buscando activamente un empleo no lo encuentra. Pero, ¿qué tipo de empleo es el que está midiendo, cuando el 57% de la gente empleada se encuentra en la economía informal?

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México es uno de los 10 países con mayor informalidad en el mundo. Sin incluir al sector agricultor, tenemos una tasa de 52%, la cual es muy alta, si la comparamos con Brasil (37%), China (33%), Rusia (17%) o Sudáfrica (33%). De los BRICS, sólo India, con 85%, tiene una tasa de informalidad más alta.

Esta realidad es preocupante y tiene, al menos, dos consecuencias visibles en el potencial económico de México. Primero, están las consecuencias para los trabajadores informales: bajos salarios, poca estabilidad laboral, escasa cobertura de la seguridad social y falta de protección de sus derechos laborales. En segundo lugar, están las consecuencias para el país: ninguno de esos trabajadores paga impuestos. México tiene el nivel de recaudación de impuestos más bajo de la OCDE, siendo éste del 17% del PIB, en comparación con el promedio de 34% de la segunda.

Asimismo, la productividad del país se ve afectada sustancialmente, ya que, a pesar de que la mayoría de los trabajos proviene de la informalidad, su contribución al PIB es de apenas 25%, mientras que el resto corresponde al trabajo formal.

A pesar de que la informalidad se encuentra en su punto más bajo desde 2005 (gracias a una mayor bancarización y programas de la SHCP, como el Régimen de Incorporación Fiscal), México todavía está muy por encima de otros países emergentes. Políticas como nuestro sistema actual de seguridad social crean un “subsidio” para los trabajadores informales, quienes reciben casi los mismos beneficios que los trabajadores formales.

Varios expertos han previsto que, si se incrementa el impuesto al consumo para sustituir el impuesto a los salarios formales, ello podría aliviar parte del problema, además de unificar los sistemas de salud y pensiones en un sistema universal financiado con los ingresos del gobierno.

Sin duda sería una verdadera tragedia para México que nuestra población joven creciera sin una opción real de participar en la economía formal. Esto significaría dejar pasar una de las mejores oportunidades históricas, y escasas, en el mundo de hoy.

Ahora que estamos por entrar nuevamente en los tiempos electorales, vale la pena analizar los gobiernos estatales y federales que han realizado esfuerzos para disminuir la informalidad o aquellos que han preferido voltear hacia otro lado. Quizás ésta sea una pista que nos permita ver el tipo de gobierno que más nos conviene a todos.

 

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