El planteamiento del problema de la corrupción en la agenda pública de nuestro país de los últimos años ha tendido ha subrayar la necesidad de una mayor y mejor coordinación entre las instituciones del Estado y los órganos autónomos responsables de prevenir, sancionar y, en su conjunto, inhibir este fenómeno.

El gobierno federal da señales de que ahondará en la batalla desde la trinchera de la inteligencia financiera y a partir de un funcionamiento eficaz de las contralorías internas de las dependencias del Estado y de los organismos autónomos.

Sin embargo, dentro de la narrativa anticorrupción que predomina en los medios o en la opinión pública, una parte que no recibe mismo interés o exigencia como sucede con el papel de la fuerza del Estado, es el rol de la participación ciudadana.

Una definición de participación ciudadana es la influencia de la ciudadanía, ya sea como individuos o como representantes de una colectividad, en los procesos de decisión gubernamental.

Al incluir un amplio abanico de asociaciones y organizaciones, este concepto suele usarse sin rigor y más bien con otras intenciones, generalmente como una fuente de legitimidad o, en sentido contrario, como ha pasado recientemente en México, para polemizar el debate sobre el papel y la autonomía de la llamada sociedad civil.

Otros elementos que explican la falta de poder real de los ciudadanos en las decisiones públicas es la falta fuerza asociativa en México. Para entender un poco más este fenómeno, consideremos el caso de la Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS).

Antes de 2005 no había un padrón de organizaciones en nuestro país, sino que fue hasta el año siguiente que inició el registro de organizaciones bajo una Clave Única de Inscripción (CLUNI), a cargo del Indesol, las cuales deben cumplir ciertos requisitos tales como estar legalmente constituidas y no perseguir fines de lucro ni de proselitismo político-electoral o religioso.

El resultado de esta política ha sido un incremento al pasar de un registro de 3 mil 594 organizaciones u agrupaciones en 2006 a 32 mil en 2016. Por otro lado, según el estudio del Inegi sobre “La Cuenta Satélite de las Instituciones sin fines de lucro”, en 2008 había 40 mil de estas organizaciones. ¿Esto es poco o mucho? Basta ponerlo en perspectiva comparada para decir que México tiene una baja “densidad asociativa”, pues mientras que por cada 100 mil habitantes se calculan 670 OCS en Estados Unidos, 650 en Chile, 270 mil en Argentina o 170 en Brasil, en México es solo de 27 (Muñoz 2014).

Para financiarse, estas agrupaciones pueden recibir apoyos del sector público y privado, tanto nacionales como extranjeros, y principalmente lo hacen con ingresos autogenerados. Los recursos federales destinados al fomento de las actividades de las OSC ha sido variable desde 2011 y depende de factores coyunturales, “dando lugar a proyectos de corta e intermitente duración” (Becker y Ulloa, 2018, 94).

En este escenario quizá el mayor reto para que las OCS incidan a favor de un gobierno más eficiente y más democrático, tiene que ver con la desconfianza con la que se miran.

A manera de ejemplo, según la Encuesta Nacional de Filantropía y Sociedad Civil, de 2008 a 2013, la desconfianza en las organizaciones que piden donaciones creció de 41 a 43%, mientras que, en 2013, el 82% prefiere aportar o dar ayuda directamente, sin intermediación de instituciones u organizaciones.

Sin duda estos datos reflejan el estado del tejido social de nuestro país y la necesidad de fortalecer el diálogo dentro de nuestra sociedad y entre ésta y los actores políticos.

 

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