Mientras el debate sea dicotómico, ganan los preponderantes; mientras las reglas electorales sean complicados laberintos con planos para burlarlos, poco tendremos que opinar o hacer. ¿Telmex o Televisa?

 

 

A juzgar por el tono y contenido de la agenda pública, en este país polarizante hay dos opciones: aplaudirle a Slim o aplaudirle a Azcárraga. Ser una pequeñísima estrella más del canal de las estrellas o pasivo patrocinador de la Escudería Telmex. Pero, ¿tú decides?

Sin embargo, el debate sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones –que se ha enredado más que 4,000 kilómetros de cable– es sintomático de algo mucho más grave: el fracaso absoluto de la reforma electoral de 2007, que fue aprobada como la gran afrenta del Estado a los poderes fácticos y que en la práctica pavonea sus miserias. ¿Telmex o Televisa? La clase política también decide entre una u otra.

 

Reforma ex profeso, ex post, exigua

Recordemos que en los albores de 2007, la clase política se sentía insatisfecha con la estridencia y las armas empleadas en la elección presidencial de 2006. Incluso entre quienes habían aplastado a Andrés Manuel López Obrador con una eficaz campaña de “contraste” –un peligro para México–, hubo conciencia sobre el poderosísimo papel de la televisión en los asuntos del Estado. Con la cabeza del enemigo en las manos, temieron ser los próximos en el cadalso transmitido en prime time.

Por eso, en un arranque de calculador patriotismo –o simple y justificado pavor– decidieron ponerle límites a la influencia de la televisión, la radio y la prensa en la política. Asumieron que con nuevas restricciones a las libertades y regulaciones draconianas –como evaluar comentarios editoriales o prohibir que a un político ladrón se le pueda decir “ladrón”, para salvaguardar legalmente cualquier susceptibilidad– habrían de normar conductas. En otras palabras, que un bizarro marco electoral serviría de dique al poder de la televisión y a la compulsiva necesidad de los funcionarios o aspirantes a servidores públicos, de quedar bien con quienes informan a través de sus pantallas, al 95% de la población.

Evidentemente, la reforma fue un fracaso. Tanto, que apenas unos años después los partidos políticos se inventan una reforma político electoral que hace aún más intrincado el galimatías; pasamos del estilo electoral barroco al rococó.

El dinero público –80 centavos de cada peso– que se gastaba en publicidad, hoy circula a través de acuerdos informales, lo que ha encarecido y opacado para el Estado, el costo de cualquier político que aspire a escalar (es decir, todos) en el escalafón.

 

Objetivos vs. resultados

¿Cuál era el objetivo central de la reforma electoral de 2007? Así es: quitarle la potestad a la televisión de poner y quitar funcionarios. ¿Qué tenemos hoy? Servidores públicos representando intereses privados –bien sea del “buen tirano” o del villano favorito de San Ángel–, asumiendo que con su voto, con su granito de arena, con su voto por sector o por servicios, pavimentan su futuro: gubernaturas, diputaciones, senadurías y, por qué no, la presidencia.

“Si la televisión hiciera presidentes, usted ya lo sería Andrés Manuel”, le espetó histriónico y oportuno el entonces candidato Peña Nieto a su rival en el debate de 2012. Pero lo cierto es que la televisión hace alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y presidentes. Pero sólo cuando presidentes, gobernadores, senadores, diputados y alcaldes se lo ganan, a ojos de la televisión.

No se dirimen pequeñeces, sino 35,000 millones de dólares al año. De ahí que un legislador tenga claro que para la televisión es más importante su voto en un sentido u otro del dictamen, que para cualquiera de sus representados. Aún más, en estricto sentido racional, el incentivo perverso estriba en que para cualquier legislador sea más importante ganar la confianza del interés particular, del empresario, del canal o la escudería, que votar con el interés público como eje. Lo segundo le ganará algunos aplausos entre los enterados; lo primero le hará ganar elecciones.

 

¿Qué hacer?

Mientras el debate sea dicotómico, ganan los preponderantes; mientras las reglas electorales sean complicados laberintos con planos para burlarlos, poco tendremos que opinar o hacer.

Electores, consumidores, representados. Eso somos, aunque no lo parezcamos. Facultar al órgano constitucional para regular eficazmente a un actor preponderante prestador de servicios de telecomunicaciones, y simplificar a través de una contrarreforma electoral lo que se ha enmarañado en los últimos años, parecen dos acciones lógicas.

Lástima que en estos días el sentido común no sea preponderante.

 

 

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