El Presidente @EPN hace efectiva la Facultad de #Veto y devolverá al Senado, el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
— Presidencia México (@PresidenciaMX) 24 de junio de 2016
El artículo 29 de la ley establece que los funcionarios deberán presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales e intereses en versiones públicas, con protección de su información personal y privados en los esquemas determinados por el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por su parte, el artículo 32 señala que cualquier persona física o moral que reciba y ejerza dinero público deberá presentar ambas declaraciones, además de las personas físicas que presten servicios o reciban recursos de las personas morales que ejerzan o reciban recursos públicos.
“El gobierno mexicano han escuchado las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Anticorrupción”, comentó el consejero jurídico del presidente, Humberto Castillejos en la rueda de prensa.
Entre los objetivos de la ley están establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, sanciones aplicables a estas faltas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto
La ley distribuiría competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran.
Hace una semana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó que las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas presenten una deflación patrimonial, debido a que es una medida excesiva e inadecuada para prevenir y sancionar la corrupción de los funcionaros.
“La inclusión a última hora en el Senado de una disposición por la cual las personas físicas y morales que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deban presentar sus declaraciones fiscales, patrimonial y de intereses resulta excesiva, inadecuada a los fines de prevenir y sancionar la corrupción, y completamente inaplicable en la práctica”, advirtió el organismo en un comunicado.
La redacción propuesta en el Senado sugiere además que la obligación de presentar 3de3 incluirá tanto a las personas físicas como morales que sean proveedores del Estado Mexicano, así como a sus empleados y cónyuges. Es decir, una gran parte de los mexicanos.
Sólo en Compranet existen más de 100,000 empresas registradas. Según el órgano cúpula, esa medida adoptada por los legisladores lejos de contribuir a la transparencia generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción.
