La guerra ‘de guante blanco’ entre Colombia y Panamá

Por Alma Solís Panamá y Colombia están en medio de una guerra comercial y ya se empiezan a escuchar ‘cañonazos’ que llegan directo a sectores de ambos países. Esto inició el 26 de diciembre de 2011 con un decreto ejecutivo emitido por el gobierno colombiano que imponía un arancel mixto a los textiles y calzados, que entró en vigor el 1 enero de 2012. A cada par de zapatos importado con precio inferior a 7 dólares se le aplica un arancel de 10%, más 5 dólares. Los que superen los 7 dólares pagan 10% más 1.75 dólares por cada par. Colombia justifica la medida aduciendo que persigue el contrabando y el lavado de activos, Panamá señala que el decreto es un acto de proteccionismo y que afecta directamente a la mercancía que proviene de la Zona Libre de Colón (ZLC), que entró en crisis al perder sus dos principales mercados: Colombia y Venezuela. El caso fue llevado a la Organización Mundial del Comercio el 18 de junio de 2013. El 27 de noviembre de 2015 el fallo fue a favor de Panamá, decisión que Colombia apeló el 22 de enero de 2016 y el 22 de junio de ese mismo año se adoptó el informe favoreciendo a Panamá en su argumento. A pesar de la decisión, Colombia decidió extender el arancel, que venció el 30 de julio, hasta noviembre, mientras un árbitro decide cuándo debe desmantelarse la medida. En respuesta, Panamá anunció una nueva ley de retorsión. También puedes leer: Venezuela y Colombia acuerdan reapertura gradual de sus fronteras Paralelamente, Panamá aumentó los aranceles a la importación de las flores, que subieron de 15 a 30%, al carbón mineral de 0 a 15%, al cemento sin pulverizar o Clinker de 0 a 30% y prendas de vestir, cuyo arancel oscila de 5 a 15%, hasta 30%, afectando a Colombia, que exporta unos 5 mdd de flores a Panamá y alrededor de 15 mdd en textiles. Para el expresidente del Colegio de Economista de Panamá, Adolfo Quintero, Colombia sigue faltando a los acuerdos de la OMC y esa situación ha obligado a Panamá a tomar medidas como la Ley de Retorsión (contempla una serie de sanciones económicas que serán impuestas a los países que discriminen a Panamá). La visión de Colombia es distinta. Ahí ven una resistencia de Panamá a cooperar en materia aduanera, tal como lo explica Andrés Espinosa, economista colombiano: “Colombia siempre ha tenido una preocupación por la mercancía que proviene de la ZLC; el problema que se ha podido confirmar con la OMC es que existe una posibilidad de que hay mercancía que tiene subfacturación por debajo del precio y, por otro lado, mercancía que es parte del lavado de activos y que utiliza a Panamá como un puente para llegar a Colombia”. Quintero piensa que la mayor afectación, en caso de una aplicación de esta ley, estaría en el sector financiero, pues 22% de los activos bancarios en Panamá provienen de Colombia. También afectaría las exportaciones colombianas, ya que la balanza comercial favorece a ese país. “De aplicarse la ley de retorsión hacia Colombia todos pierden”, dice Espinosa. Añade que este escenario podría llevar a una situación de “cuidados intensivos” a la relación entre ambos países. Las inversiones colombianas en Panamá suman unos 7,000 mdd. En el caso de Panamá, la zona franca ha perdido cerca de 500 mdd, producto de esta situación, y unos 900 empleos a la fecha. Con respecto a los argumentos de Colombia que señalan que de Panamá proviene mercancía de contrabando o para lavado de dinero, Quintero niega tal hecho y toma como referencia que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha reconocido los esfuerzos y mejoras del país en el tema.