Se vende seguridad: el negocio en México que contribuye a la corrupción
Unas 8,000 compañías de seguridad privada, o hasta el 80% del total, trabajan fuera de la regulación gubernamental, detalla el reporte The Inter-American Dialogue.
El rápido crecimiento en empresas de seguridad privadas y no reguladas en México ha contribuido a la corrupción, los abusos contra los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza, según el reporte The Inter-American Dialogue, ya que el país sufre niveles récord de violencia
La anarquía alimentada por el crimen organizado y la corrupción ha estimulado la demanda de servicios de seguridad privada, un mercado de miles de millones de dólares, detalla el reporte basado en un grupo de expertos con sede en Washington.
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Según descubrió, unas 8,000 compañías de seguridad privada, o hasta el 80% del total, trabajan fuera de la regulación gubernamental. México registró su tasa de asesinatos más alta desde que los registros modernos comenzaron en 2017, y las compañías también enfrentan crecientes niveles de robo, robo, robo de carga y extorsión, según detalla la agencia Reuters.
El reporte Inter-American Dialogue detalló que con la expansión de las empresas privadas de seguridad “la falta de supervisión y aplicación ha llevado a casos en los que la corrupción, los abusos contra los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza no han sido controlados”.
La burocracia significa que registrar una compañía de seguridad puede ser difícil y costoso, pero hay poca aplicación gubernamental de las reglas, lo que facilita el surgimiento de pequeñas empresas que ofrecen servicios de protección, según el informe.
“Es más fácil encontrar un grupo de amigos y comenzar a ofrecer servicios a empresas locales cercanas que necesitan seguridad pero no pueden pagar los precios, más impuestos, de las empresas reguladas”, dijo James Bosworth, un investigador que trabajó en el informe.
La proliferación de personal de seguridad armado que opera sin supervisión crea riesgos, según el informe.
El Consejo de Seguridad Nacional estimó que en 2016 la industria formal por sí sola, que no incluye a las empresas de seguridad no reguladas, valía 1,500 millones de dólares, esto es un aumento del 180% con respecto a 2012.
Bosworth dijo que incluso las compañías registradas tenían pocos incentivos para seguir las reglas porque el gobierno rara vez castiga a los que cometen abusos o pierden el rastro de las armas de fuego, que pueden terminar en manos de delincuentes.
El Ministerio de Defensa, que expide licencias de armas de fuego a empresas privadas de seguridad, y el Ministerio del Interior, que registra empresas privadas de seguridad, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El Inter-American Dialogue advirtió que dado que la violencia, y con ella la industria de seguridad privada, podría crecer aún más, el gobierno necesitaba castigar a aquellos en la industria que cometen abusos o actos violentos que empeoran el ambiente de seguridad.
“El objetivo de nuestras recomendaciones es mejorar la seguridad y los derechos humanos, no aumentar la burocracia en aras de crear más papeleo”, dijo Bosworth.
