La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que amplían los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, informó el organismo en un comunicado.
Dicha reforma había sido celebrada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en febrero porque dijo que ahora se podrá sancionar con prisión preventiva los delitos relacionados con actos de corrupción, robo de hidrocarburos y electorales.
“Ahora con esta reforma no van a tener derecho a fianza los corruptos. Celebro que se haya convertido en delito grave el robo de combustible; el delito electoral, que se pueda meter en prisión sin derecho a fianza a los que violan la voluntad del pueblo en lo electoral, es decir, los que compran los votos, los que utilizan el dinero del presupuesto para favorecer a aprtidos ca candidatos, los que falsifican actas, rellenan urnas, todo lo que significa el delito electoral, ahora delito grave”, dijo en su momento AMLO.
La CNDH explicó que luego de analizar las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley General en Materia de Delitos Electorales; a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley de Vías Generales de Comunicación, identificó que dichas modificaciones no se ajustan al principio de excepcionalidad.
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La CNDH añadió que las reformas están apartadas de estándares internacionales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Las normas impugnadas transgreden el debido proceso, las garantías judiciales y la presunción de inocencia de las personas, en virtud de que las disposiciones reclamadas ordenan que las personas deberán ser privadas cautelarmente de su libertad, aun cuando no se ha ventilado un proceso con las formalidades correspondientes y sin que se demuestre con las pruebas pertinentes y suficientes su culpabilidad en la participación o comisión de una conducta delictiva”, explicó el organismo en el documento.
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