El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “aberrante” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar el candado de 10 años para que los funcionarios públicos puedan trabajar en la iniciativa privada tras dejar su cargo.
Ayer, por unanimidad, los ministros declararon inconstitucional las restricciones impuestas a altos funcionarios en el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual señala que los servidores públicos de mando superior, al dejar su cargo, no podrán ocupar por 10 años puestos en empresas que hayan supervisado o regulado.
“Es una aberración. ¿Cómo es posible que se regrese a lo de antes, y qué era lo de antes? Bueno, la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, el que acaba con una historia de siglo y medio de Ferrocarriles Nacionales, Ernesto Zedillo se va a trabajar de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles y Calderón hace lo mismo”, reprochó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
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El ministro presidente Arturo Zaldívar estimó que el término de 10 años para que un ex servidor público pueda ocupar un cargo en el sector privado es innecesariamente largo.
Al respecto, López Obrador afirmó que su administración no se quedará cruzada de brazos y buscará que la norma se aplique para evitar el tráfico de influencias y corrupción entre las empresas y exfuncionarios.
“¿Cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra ley de austeridad se estableció que un funcionario, una vez que dejó su empleo no se podía ir a una empresa vinculada a su labor anterior? Así es el Banco de México, todos los que pasan por ahí terminan en la banca privada, o salen de la banca privada al Banco de México.
“Una mezcolanza, una moral promiscuidad política-administrativa, no estoy de acuerdo con eso, hay que buscar la forma, yo no me voy a quedar callado ante esas aberraciones, nos prendieron con esas prácticas, entonces vamos a continuar”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.
Este asunto se derivo de una acción de incosnttiucionalidad que promovieron los senadores Miguel Ángel Osorio, Dante Delgado, Miguel Mancera y Emilio Álvarez Icaza.
