El próximo 1 de diciembre, el virtual ganador del proceso electoral del pasado 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador, asumirá la Presidencia de la República como el primer titular del Ejecutivo en dos siglos en no contar con la protección del Estado Mayor Presidencial (EMP).

No será una sorpresa para nadie dado que la decisión fue adelantada por el político tabasqueño durante la reciente campaña: los integrantes del grupo de élite serán devueltos a sus fuerzas de origen.

“Me van a cuidar ustedes, me va a cuidar el pueblo”, fue una frase reiterada consistentemente por el virtual presidente electo. No obstante, especialistas consultados por Forbes México coinciden en que si bien la propuesta de López Obrador es viable, no es tan simple: “El presidente debe tener cierto tipo de protección y garantías, ya sea que le parezcan o no. Los Estados necesitan garantías de seguridad para sus autoridades”, afirma el doctor Arturo Alvarado, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.

En el mismo sentido se pronuncia el doctor Juan Carlos Montero, académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tec de Monterrey: “Éste no es un tema de popularidad, AMLO dice que a él lo va a cuidar el pueblo, pero eso pasa por alto que la seguridad del presidente es un tema de seguridad nacional”.

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“Independientemente de las convicciones personales, la investidura del presidente implica que no puede tomar una decisión de esta naturaleza tan rápidamente. Cualquier cosa que pudiera salirse de control y afectar su seguridad pondría en riesgo a toda la nación con implicaciones de todo tipo, políticas, sociales, económicas y financieras”, añade Alfredo Paredes, consultor y especialista en temas de seguridad.

Para aventurar una prospección de quiénes podrían asumir las tareas del Estado Mayor vale la pena hacer una revisión a sus funciones.

 

¿Qué hace exactamente el EMP?

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el presidente de la República “dispondrá de un Estado Mayor Presidencial, órgano técnico militar, que lo auxiliará en la obtención de información general; planificará sus actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad y participará en la ejecución de actividades procedentes, así como en las de los servicios conexos, verificando su cumplimiento…”

Se trata de un organismo adscrito a la Presidencia de la República que cumple tareas de seguridad, logística y transporte, y es el único cuerpo militar compuesto por integrantes de las tres fuerzas armadas: Ejército, Marina y Fuerza Aérea.

El EMP brinda protección a:

  • al presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos,
  • a la familia del Primer Mandatario,
  • a los ex presidentes de la República,
  • a secretarios de Estado
  • a otras personas que, por su encomienda o situación, el titular del Poder Ejecutivo Federal así lo instruya. En este último caso se encuentran, entre otros, los candidatos presidenciales de los diversos partidos políticos.

De la misma forma, el Estado Mayor protege a “dignatarios extranjeros durante sus visitas a nuestro país”, explica la página oficial del cuerpo, añadiendo que, “por su experiencia y especialización, se le asigna la misión de coordinar la seguridad y la logística integral de las reuniones internacionales de Jefes de Estado y de Gobierno, así como las de nivel ministerial celebradas en México y organizadas por el Gobierno Federal”.

Para todo ello, los 2,021 integrantes de la fuerza conjunta disponen, sólo este año, de 398 mdp más 241 mdp destinados a la Coordinación General de Transportes Aéreos para un total 639 millones.

A ellos se suman, a manera de reserva, otros 6,026 efectivos de las unidades de Guardias Presidenciales del Ejército y la Armada de México, que están adscritos a dichas fuerzas armadas y sus funcionamiento depende, administrativamente hablando, de éstas.

 

 

¿Desaparecerlo o cambiarlo?

El Estado Mayor tiene un historial intachable en lo que a lealtad respecta. Desde sus orígenes informales durante el gobierno de Agustín de Iturbide hasta su institución oficial bajo el interinato de Mariano Paredes y Arrillaga con el nombre de Estado Mayor Facultativo, el cuerpo de resguardo del presidente ha obedecido a su mandato. Lo hizo incluso con su fugaz conversión en un “Estado Mayor de su Alteza Serenísima” por órdenes de Antonio López de Santa Anna.

Esa misma observancia irrestricta de sus obligaciones por parte del EMP se mantuvo durante todo el siglo XX e incluso durante la alternancia de fuerzas políticas en la silla presidencial con las llegadas de Vicente Fox primero, y de Enrique Peña nieto después.

La razón principal expuesta por López Obrador para la desaparición del EMP es que éste representa un gasto excesivo que va en contra de la austeridad republicana, uno de los ejes de su próximo gobierno, pero hay otro motivo: el uso discrecional del cuerpo con fines políticos.

El doctor Alvarado, del Colmex, coincide: “México ha tendido a tener guardias de seguridad especiales y ciertos privilegios, y muchas veces esas guardias no se han usado para lo que fueron creadas.”

Para Alfredo Paredes, el interés del virtual presidente electo es que tanto el EMP como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no sean esos órganos que “se han tergiversado como entidades persecutorias usadas para intereses políticos”. No obstante, el especialista advierte que, mientras éste es un reclamo legítimo que “electoralmente está bien, pero en la práctica las funciones no pueden dejarse de lado”.

Paredes enfatiza que en el EMP hay gente muy preparada, “personal que ha salido de intercambio, que cuenta con formación en el exterior, de forma que no se puede hacer una transición tan rápida y desperdiciar toda la experiencia y capacidad de manera inmediata, hacerlo me parecería un desperdicio de recursos, no es sólo un tema de proteger al presidente”.

Por su parte, el doctor Montero sostiene que el Estado Mayor podría ser reemplazado por una fuerza civil, al estilo del Servicio Secreto estadounidense: “Sería una gran señal que al presidente lo cuidara la policía porque ésta sigue siendo una de las instituciones más desacreditadas y menos confiables. Que el presidente diga ‘soy el primero que confía en la policía’ daría un gran espaldarazo a la figura.”

Montero va incluso un paso más allá: “Si pudiéramos dar un paso similar en el caso de los gobiernos estatales donde los gobernadores no sean cuidados por el Ejército y la Marina sino por las policías estatales sería algo muy importante para su institucionalización.”

En tanto, el doctor Alvarado, del Colmex, toma la propuesta de la desmilitarización del cuerpo de protección del Ejecutivo con un grano de sal: “La seguridad debe ser pública y estatal, eso debe quedar claro. Quizá no sea lo ideal regresarlos al Ejército, podría hacerse una revisión de cómo está el EMP, cuáles son sus funciones y sus facultades, los recursos, quizá de ahí puedan ahorrarse dinero y la otra parte la pasen al Ejército o a otro cuerpo.”

Por último, Paredes reitera la necesidad de aprovechar la experiencia y talento de los miembros del cuerpo: “El personal del EMP está entrenado para leer a una persona, para leer un microgesto o identificar una posible amenaza en un evento protocolario. Esa experiencia y esa capacidad no las tiene cualquiera.”

 

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