Fue Notimex quien confirmó que la Fiscalía General de la República que un juez había girado órdenes de aprehensión contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya y el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira. Algunos anuncios previos de las autoridades hacían pensar que algo así podría ocurrir. Hace algunos días, la Secretaria de la Función Pública giró instrucciones para que Lozoya fuera inhabilitado como servidor público por un periodo de 10 años, debido a inconsistencias en su declaración patrimonial. Y apenas el lunes, la SHCP a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, había informado sobre el bloqueo de las cuentas de Lozoya, incluso también las de algunos familiares, a consecuencia de que la detección de “múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícita…”.

Los hallazgos de la ASF emitidos en enero de 2017 son reveladores sobre lo grotesco de la compra de Agro Nitrogenados: los auditores encontraron que 60% de los bienes debían reemplazarse, Pemex no acreditó la elaboración de avalúos previos que soportaran el precio de compra, la cual inicialmente fue de 475 millones de dólares pero que después requirió la inversión de otros 285 millones para su rehabilitación. Ante los casi 800 millones de dólares por una planta chatarra, es inevitable preguntarse ¿cuántos casos como Agro Nitrogenados podrían encontrarse con la coordinación de instituciones como la SFP, la SHCP y la ASF, como tal parece ser el caso en esta ocasión?

Lo que hasta ahora sabemos es que las órdenes de aprehensión obedecen a una investigación por lavado de dinero, relacionada con la venta de la planta Agro Nitrogenados por parte de AHMSA a Pemex. Sin embargo, no hay que olvidar el hilo conductor que nos lleva a Odebrecht. De acuerdo con la investigación periodística de la organización 5º Elemento, un mes después de la onerosa transacción hecha por Pemex por la planta fertilizante, AHMSA habría transferido casi 4 millones a una firma offshore de la constructora Odebrecht, desde la cual a su vez salieron cinco millones a Zecapan SA, “la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin… según los testimonios ante la justicia brasileña de tres ex altos ejecutivos de Odebrecht…”.

A la enorme expectativa que está generando esta noticia le ha correspondido intensas críticas por el momento en que fue anunciada, a unos días de celebrarse seis elecciones estatales incluyendo la gubernatura de Puebla, y ante la una caída de la popularidad del presidente, según algunas encuestas. Sería incauto dejar pasar por alto la capacidad del presidente, como cualquier otro gobernante, para poder administrar sus acciones y decisiones. Y parece que éste era el momento justo para detonar una noticia que está acaparando la atención nacional e internacional.

¿Será Agro Nitrogenados el preludio de una batalla contra la corrupción como la hemos visto en otros países latinoamericanos? Cualquier cosa que se pueda pronosticar en este momento es incierta, pero lo cierto es que la ruta que tome este caso será una prueba de fuego para la 4T: veremos si queda a la posteridad como los casos de Elba Esther Gordillo en tiempos de Peña Nieto o de Hernández Galicia durante el mandato de Salinas. O de lo contrario, si estamos ante el comienzo del desmantelamiento de redes de corrupción, si habrá consecuencias legales para quienes se demuestre que son responsables y si, por fin, veremos que es posible revertir la narrativa de impunidad en nuestro país.

 

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