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Por Luis Eduardo Velázquez

Es la tercera vez en su vida que Alfonso Ramírez Cuéllar ocupa una curul en la Cámara de Diputados, pero la primera que tiene un papel decisivo en la conducción de la economía y las finanzas del país.

Este historiador y antropólogo no titulado, que ha militado desde joven en organizaciones de izquierda, esta vez tiene en el Congreso la responsabilidad de decidir sobre los ingresos y egresos del gobierno de la 4T.

Es presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, desde esa silla, impulsó, en el paquete fiscal para este año, una fuerte asignación de recursos para la política social, piedra angular del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El éxito de cualquier política social congruente, amplia, robusta, y la única oportunidad de construir un estado de bienestar y generar mayor inversión productiva, depende del incremento de los ingresos fiscales”, afirma el político zacatecano, recordado por organizar manifestaciones a lomo de caballo en las calles de la Ciudad de México.

Con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas del Estado mexicano, las entidades federativas y los municipios, este año se iniciaron cambios legislativos para atacar la defraudación fiscal realizada a través de empresas fantasma y la facturación falsa, comenta Ramírez Cuéllar, y fue desaparecida la compensación universal del Código Fiscal, un mecanismo por el que las empresas destinaban su saldo a favor de IVA para pagar su adeudo de ISR.

“Estamos metidos de lleno en cumplir la propuesta del Ejecutivo, de que no habrá nuevos impuestos ni se subirán las tasas, pero sí estamos decididos a ampliar la base de contribuyentes, a tapar los hoyos tributarios y alcanzar, para 2020, un incremento en la recaudación de cerca de 2% del PIB”, expone.

Esa bolsa adicional es de unos 480,000 millones de pesos (mdp), estima el legislador, quien añade que se va a revisar y actualizar el impuesto especial IEPS a cigarros, refrescos, comida chatarra y alcohol.

Su equipo también trabaja en el diseño de impuestos al comercio electrónico. “Hay experiencias en el sentido de establecer un sistema impositivo como el que se ha realizado en Argentina, Perú, Colombia y la Unión Europea, asumiendo el acuerdo en el G-20 y la OCDE, en el sentido de que hay que construir un nuevo convenio tributario a nivel nacional”, comenta.

Y adelanta que habrá una discusión muy amplia para que México se incorpore a los países que ya han establecido modelos de regulación fiscal. “A lo mejor no se les llama IVA o ISR, pero van a tener una denominación y habrá un gravamen [para el e-commerce]”, asegura.

Enemigo del Fobaproa

Nadie quiere estar cerca de un diseñador de impuestos, porque los gravámenes vuelven impopular a cualquiera, pero Ramírez Cuéllar es “un constructor de acuerdos”, según él mismo. Tampoco es fácil negociar con un radical, y él se hizo de esa fama cuando, a mediados de la década de 1990, creó la organización de acreedores El Barzón, para luchar contra el rescate de los bancos, o Fobaproa; pero este legislador no se va por lo convencional.

Desde muy joven, mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (INAH), a mediados de la década de 1970, se vinculó al movimiento estudiantil de la época, hasta convertirse en uno de sus líderes. Tiempo después estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM, pero no se tituló de ninguna carrera porque, dice, no cree en los certificados académicos.

Entró de lleno a la política como militante del Partido Mexicano Socialista (PMS) y, después, participó en la fundación del PRD y fue miembro de su comité ejecutivo cuando ese órgano lo dirigía Porfirio Muñoz Ledo, hoy su compañero de bancada y presidente de la Mesa Directiva de los diputados.

El primer cargo que logró a través de las urnas lo tuvo en la segunda Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal, de 1991 a 1994. Pero, ese año, su figura pública cobró relevancia porque regresó a las calles, como lo había hecho en sus tiempos de líder estudiantil, pero esta vez para manifestarse en contra del Fobaproa, la mayor secuela de la crisis económica detonada por el llamado “error de diciembre” de 1994. “Descubrimos los privilegios de las instituciones bancarias y detuvimos la agresividad con la que querían adjudicarse y rematar las propiedades y el patrimonio de miles de familias”, recuerda el legislador.

Se anota el logro de haber incorporado a casi 1 millón de personas, empresarios y, sobre todo, campesinos, a El Barzón, organización que tomó su nombre de una canción revolucionaria que narra la historia de un trabajador que vive para pagar sus gastos en la tienda de raya. “La cuerda se rompió por lo más delgado, en los sectores rurales del norte: los movimientos agrícolas de Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Sinaloa, y se extendió a todos los centros urbanos con transportistas, industriales y familias que habían obtenido créditos bancarios”, dice sobre lo que dio origen al movimiento.

En El Barzón predominaba el pensamiento marxista, dice, y la relación con el Ejército Zapatista, surgido casi un año antes del “error del diciembre”, fue muy estrecha.

Su vínculo con los asuntos presupuestales, desde el ámbito legislativo, se remonta a la segunda mitad de la década de 1990. Su partido de entonces, el PRD, le asignó la coordinación del área de Finanzas Públicas de su grupo parlamentario y se incorporó a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, donde continuó su batalla contra el Fobaproa.

En 2000, se enroló en la campaña de López Obrador a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Ya con el político tabasqueño en ese puesto, y en el marco del enfrentamiento abierto entre éste y el entonces presidente Vicente Fox, Ramírez Cuéllar vivió el momento más difícil de su carrera: enfrentó un proceso penal, acusado de motín, por haber ingresado, en 2002, a la Cámara de Diputados al frente de un contingente de hombres del campo, montados a caballo, para reclamar más recursos para el campo.

Ramírez Cuéllar aún manifiesta su animadversión por el expresidente Felipe Calderón, a quien señala como responsable de la campaña para encarcelarlo en aquella ocasión. “Fue una calumnia de [Felipe] Calderón”, afirma.

Un año después, regresó a la cámara como diputado federal.

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¿Usted es realmente un político radical?

Es mi impresión, pero soy de los que más buscan acuerdos. Y también poner las cosas claras y señalar mis posiciones. Soy constructor de acuerdos.

Al mismo tiempo que se le veía como radical, se le consideraba entre los dispuestos al diálogo en la izquierda, recuerda Jorge Triana, quien fue compañero de legislatura de Ramírez Cuéllar. “Era duro en la tribuna contra [Vicente] Fox; y, sí, metido en temas económicos”, agrega el panista, quien reconoce que hoy Ramírez Cuéllar es un actor clave por presidir la Comisión de Presupuesto, aunque, a su juicio, tiene poco margen de decisión por la dinámica impositiva del gobierno de López Obrador. “Es buen negociador y sabe del tema; ojalá sí esté influyendo y no sólo ejecutando las instrucciones de Palacio Nacional”, señala Triana.

Ramírez Cuéllar es un diputado con la experiencia necesaria para llegar a acuerdos políticos con los diversos actores del espectro, dice Horacio Martínez, ex legislador del PRD. Como muchos perredistas, el político zacatecano abandonó las filas de ese partido por considerar que sus dirigentes, en lugar de ejercer su papel de opositores, se plegaron a las políticas oficiales. “El PRD se degradó por entreguista con el gobierno [de Enrique Peña Nieto]”, afirma.

Fue compañero de fórmula de la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando ella compitió (y ganó) por la titularidad de Delegación Tlalpan y él por la diputación de esa demarcación, la cual perdió.

Estrechó su amistad con Sheinbaum y fue nombrado secretario general de Morena en la Ciudad de México. En 2018, ganó en las urnas y regresó, por tercera ocasión, a la Cámara de Diputados; ya ahí, compitió para ser coordinador de la bancada de Morena y perdió, pero ganó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Pulso fiscalizador

Ramírez Cuéllar dice tener una agenda clara rumbo a 2020: fortalecer la recaudación y sumar al presupuesto una bolsa de 480,000 mdp para destinarla a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que, por primera vez, confeccionaron juntos los poderes ejecutivo y legislativo.

Tiene en la mira la “federalización” del impuesto a la tenencia vehicular y una revisión estricta a los gravámenes especiales a bebidas alcohólicas, refrescos y alimentos chatarra. Prepara un proyecto para gravar la economía digital y para la creación, por primera vez en México, de una ley agrícola con el propósito de aumentar la producción, regular la comercialización y crear un nuevo sistema de financiamiento.

En materia fiscal, prepara un foro con la Cepal y universidades para disminuir la brecha entre las tasas pagadas y las establecidas en la ley en materia de ISR. “El problema es que esas tasas están en la ley, pero lo que se paga es 11%, 8% o 3%”, expone.

Para este diputado federal de Morena, fortalecer la capacidad recaudatoria de los estados y los municipios es una necesidad, y en su agenda sigue pendiente la discusión de la defraudación fiscal y las empresas fantasma.

En abril pasado, Ramírez Cuéllar generó polémica al pronunciarse por revivir el impuesto de la tenencia vehicular, que obligó al propio López Obrador a aclarar que en su gobierno no se reactivará ese impuesto. El legislador aclara que la tenencia ya existe y que lo que harán es “federalizarla” para eliminar las diferencias en el monto que cobran diferentes estados del país, pues dan lugar a una competencia desleal.

Expone que, al interior de Morena, confían en su trabajo en materia fiscal y que tiene buena relación con su coordinador, Mario Delgado; la vicecoordinadora, Dolores Padierna; y con Porfirio Muñoz Ledo.

Y, si no le alcanza, echa mano de su habilidad número uno: lograr acuerdos con los de enfrente.

Ramírez Cuéllar cuenta que, como legado, en esta legislatura va a dejar la ya mencionada ley agrícola. Esta legislación, ahonda, tiene como propósito dar certeza, aumentar la producción de los agricultores, regular las fases de la comercialización, crear un nuevo sistema de financiamiento y darle mayor fuerza al sistema de competencia en el país.

El morenista comenta que hay una relación excelente con la Comisión Federal de Competencia y que abrirán debates sobre esta materia en el país. “Estamos trabajando en materia de derechos de los consumidores y se va a revisar lo que tiene que ver con acciones colectivas. Vamos a empoderar a los consumidores. Se van a quitar los obstáculos para tener los estándares internacionales más altos en defensa de los consumidores”.

Pese a que, en la década de 1990, fue un gran opositor de los banqueros, comenta que ahora se lleva muy bien con ellos, al igual que con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Siempre los temas fiscales son difíciles; y, los de competencia, monopolios, consumidores, son algo que se tiene que conversar bastante”, reconoce.

El legislador también presentará, para el siguiente periodo ordinario de sesiones, una iniciativa de ley de austeridad, la cual buscará poner orden y más eficiencia en el gasto del Ejecutivo Federal.

 

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