Evitar que exfuncionarios abusen para beneficio personal o de su empleador privado con el uso de información o contactos obtenidos cuando eran servidores públicos es un problema sin resolver en el mundo, por lo que diversos países experimentan con distintas fórmulas.

Las regulaciones van desde el caso de los Países Bajos, que prohiben únicamente a sus servidores públicos del Ministerio de Defensa contratarse con una empresa privada en el lapso de un año a partir de que dejan su cargo en el gobierno, hasta restricciones más amplias en el caso del Reino Unido. Este país europeo impone dos años de prohibición a los funcionarios públicos de los todos ministerios, aun cuando no sean contratados por una empresa sino que pretendan convertirse en cabilderos, además de que los ministros y funcionarios públicos requieren de autorización para poderse contratar en el sector privado.

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El paso de exfuncionarios a ejecutivos, conocido en el mundo como revolving door o puerta giratoria, saltó abruptamente a la palestra en México el lunes 11 de febrero, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de CFE, Manuel Bartlett Díaz, acusaron a expresidentes y otros exfuncionarios del más alto nivel que se contrataron tiempo después de dejar sus cargos con empresas nacionales y extranjeras del sector energético de incurrir en conflictos de interés.

Algunos de los aludidos, como Luis Téllez y Jesús Reyes Heroles respondieron públicamente a los señalamientos aduciendo que había pasado el año que marca la ley para contratarse en el medio privado.

Pero es un hecho que México es parte de los países con regulaciones laxas. Carece de una instancia que revise si hubo vínculos y de qué tipo entre el ex funcionario mientras ejerció en el gobierno y la empresa que pretende contratarlo; no tiene regla alguna para los integrantes del Congreso ni para los cabilderos, no contempla medidas para evitar que quienes ingresan al servicio público lleguen con una agenda de política pública o regulatoria favorable a una empresa o sector, ni códigos de ética con lineamientos acerca de lo que es correcto e incorrecto hacer, como reseña Transparencia Internacional que hacen algunos países.

El aumento de las asociaciones entre empresas y gobierno, la ola de privatizaciones, el incremento del cabildeo y la dependencia de las contrataciones públicas ha puesto a los gobiernos en un contacto íntimo con los negocios, señala el documento Regulación de las puertas giratorias, de Transparencia Internacional, que emite lineamientos para evitar o reducir los conflictos de interés en este campo, sobre todo después de la crisis financiera de 2008.

Los perjuicios causados por los conflictos de interés van más allá del enriquecimiento de un individuo o la obtención de beneficios millonarios de una empresa. En 1992, en la poderosa Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) un ex abogado del gigante de la agricultura Monsanto (adquirida por Bayer el año pasado) ayudó a definir la política pública de la agencia en materia de agricultura biotecnológica, la cual sirvió de base para regulaciones globales, relata el documento de Transparencia Mexicana.

La mayoría de los países centran su regulación en el periodo -de cuatro meses en algunos casos a tres años en otros- que debe dejar pasar el funcionario al dejar el servicio público para contratarse con una empresa privada, pero a partir de ahí empiezan los matices. “Transparencia Internacional recomienda un periodo de “congelamiento” de al menos dos años para mitigar el riesgo potencial de conflictos de interés”.

Pocos países crean un comité para orientar a los exfuncionarios antes de tomar un cargo en la iniciativa privada, y menos aún son los que establecen que la revisión antes de la contratación es obligatoria y que el comité tiene facultades para desaprobar la contratación. En algunos casos como Chipre e Irlanda, el comité puede imponer multas, dejar al individuo impedido para volverse a contratar en el servicio público por algunos años o mandarlo a prisión; en el caso de las empresas, países como la República Checa les impiden obtener contratos del gobierno por un año, por ejemplo.

Aunque no existe una fórmula que satisfaga a todos, Transparencia Internacional recomienda no cerrar la puerta a que los ex funcionarios se puedan contratar más tarde en el sector privado, pues ese paso de personal altamente capacitado ayuda a la innovación, señala, y mejora las perspectivas tanto para el gobierno como para los negocios.

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