Es como una línea de fuego. La Incidencia del crimen organizado en los procesos electorales es un hecho. Lo que ocurrió en Sinaloa, Michoacán y Sonora en 2021 es una muestra de que los maleantes están explorado posibilidades, tanteando el terreno, experimentado.
Por fortuna, en México no ha existido una apuesta criminal para tomar el poder político, como ocurrió en Colombia, y cuyo ejemplo más nítido fue Pablo Escobar Gaviria.
El daño que pueden causar este tipo de aventuras es inmenso, y por ello conviene que los sistemas electorales se mantengan en alerta en todo momento, con supervisiones adecuadas sobre el financiamiento de las campañas, pero de igual forma con herramientas para atajar las amenazas y la violencia.
El diputado Rubén Moreira acaba de presentar una iniciativa que permitiría la anulación de una elección en los casos en que se compruebe la participación del crimen organizado.
La nulidad es el castigo más severo que contempla la legislación y está estipulada, sobre todo, para el tema del rebase de los topes de campaña y se utiliza en elección cerradas, donde la inversión de recursos ilegal puede hacer la diferencia.
La violencia es también un factor que incide, pero hasta ahora ha sido complejo el traducirlo en sanciones, porque se requiere de múltiples probanzas, de denuncias específicas y que ello signifique una afectación al voto en proporciones mayores.
De ahí que sea interesante la propuesta del PRI, porque pone el ojo en el problema y clarifica el alcance que puede tener la participación de las organizaciones delictivas intentado incidir en los resultados o catapultando a alguno de los contendientes.
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Durante el proceso electoral 2020-21, la consultora Integralia documentó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales.
Una de las claves para evitar que el crimen vote, es justamente la de colocar barreras de índole legal que desalienten la participación o la hagan riesgosa para sus promotores.
En estos momentos no hay un solo partido político ligado al crimen organizado de manera estructural y ello es una muy buena noticia, pero se tiene que evitar que esta situación varíe, por la democracia misma.
Lo que sí hay, son evidencias de acciones criminales para obtener el control de las policías municipales e inclusive la ejecución de los presupuestos públicos de los ayuntamientos.
Es justo ahí, en el ámbito local, donde la batalla es más apremiante, porque ya está ocurriendo. Es una agenda que no permite demora y en la que alcanzar consensos legislativos es por ello factible, ya que es evidente que nadie quiere que las intentonas criminales prosperen o afecten de manera irremediable los equilibrios mismos del poder político.
Para el Tribunal Electoral puede resultar un aliciente, el contar con instrumentos más severos para juzgar acorde a circunstancias específicas.
Atajar a los criminales debe ser una de las líneas de consenso, un piso básico que sostenga todo lo demás. Por ello, hay que entrarle al tema y que bueno que lo hagan los legisladores.
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