Hay cinco focos rojos en las elecciones para elegir al titular de la Presidencia, 9 gobernadores, representantes del Congreso y cerca de 20 mil cargos de elección popular, según autoridades electorales, empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil.
Aseguran que hay una falta de respeto a las leyes electorales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros actores políticos, lo que se suma a la violencia y las crisis internas de arbitraje electoral.
Los tribunales se encuentran incompletos por la falta de nombramientos, los cuales no han sido realizados por el Senado, señaló Janine Otálora Malassis, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en la presentación del tercer informe de integridad electoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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Puntualizó que hay una mayor facilidad para tratar de influir en las decisiones de los tribunales electorales, pero los efectos generarán inconformidades si no tienen un buen sustento.
“La desconfianza puede surgir si hay decisiones mal fundamentadas, mal argumentadas. No es lo mismo que dicte sentencia una persona que pasó todo el proceso de selección y que es electa por el Senado de la República a que tomen las decisiones judiciales quienes no han pasado por ese proceso”, señaló.
Dijo que el primer “y más alarmante” foco rojo es el involucramiento directo y sistemático del presidente en el proceso electoral.
Otro de los focos fue la transgresión sistemática de los límites establecidos para el periodo de intercampañas por parte de las coaliciones y sus precandidaturas.
El tercer foco rojo es el desempeño de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, que han enfrentado crisis internas y cuestionamientos sobre su legitimidad y capacidad de arbitraje.
Como cuarto foco rojo identificado está la persistencia de diversos tipos de violencia que ponen en riesgo directo a los actores políticos, y que amenazan el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El quinto y último foco se refiere al uso indebido de procedimientos especiales sancionadores por parte de actores políticos para silenciar el debate libre en redes sociales y medios de comunicación.
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La invalidación de la elección es una escenario complicado por la naturaleza de los comicios que se realizarán el primer domingo de junio, consideró Karolina Monika Gilas, coordinadora del tercer informe y académica de la UNAM.
“Desde antes que comenzara este proceso se han presentado hechos que nos hacen cuestionar en qué medida estamos apegados a los estándares y principios constitucionales de integridad electoral”, declaró.
“La nulidad va a ser otra crisis por todas las consecuencias políticas y sociales que podría tener, no creo que es un tema ni una decisión que se pueda tomar a la ligera y anticipar desde el día de hoy”, dijo.
“Habrá que hacer análisis separados de nivel federal, estatal, distritos o ayuntamientos que habrá que tomar en cuenta”, manifestó.
La vicepresidenta nacional de desarrollo democrático de Coparmex, Rosa Marta Abascal Olascoaga, señaló que el organismo patronal cuenta con una experiencia de 30 años en mecanismos de observación electoral.
Dijo que en 2024, la Coparmex participará en la vigilancia de los 20 mil 286 cargos de elección popular.
Destacó que la violencia se ha triplicado en este proceso electoral, ya que en 2018 se registraron 171 incidentes, en 2021, 178 y el año pasado 573 casos, de acuerdo con cifras de Data Cívica y el CIDE.
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“La crisis en seguridad y violencia no tiene precedentes: hasta el 29 de marzo habían ocurrido 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con la elección, así como 50 asesinados, 26 eran aspirantes, 9 secuestros, 22 atentados, 75 amenazas, un incremento de más de 200% respecto al primer reporte preliminar”, manifestó.
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