Grupo Multisistemas: combatir la delincuencia requiere recursos amplios y un gasto estratégico
De acuerdo con la empresa líder en servicios de seguridad privada, las políticas de prevención de la violencia y el delito no reciben la atención necesaria.
Al momento de diseñar políticas públicas para abatir la violencia, persisten ideas que valdría el tiempo para analizar. La primera está relacionada con el gasto, pues diferentes administraciones deciden destinar mayores recursos financieros para el combate a la delincuencia, lo que no garantiza la obtención de resultados. En el otro extremo, se asignan escasos recursos, lo que deriva en falta de medios para enfrentar la problemática que representa el crimen.
De acuerdo con el Índice de Paz México, en 2022, el impacto económico de la violencia en México fue de 4.6 billones de pesos (USD 230 mil millones), lo que equivale al 18.3 % del PIB. Sobre una base per cápita, el impacto económico de la delincuencia fue de 35,705 pesos, más del doble del salario promedio mensual de un trabajador mexicano.
Además, el gasto de México en el sistema de justicia penal fue igual al 0.6% del PIB, el menor de cualquier país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2022, el gasto en seguridad pública fue menor que en 2008; mientras que el gasto en seguridad pública disminuyó un 29.7% de 2019 a 2022 y en el sistema judicial disminuyó un 14.6% en el mismo periodo.
Es importante subrayar que el costo de la delincuencia y el delito en hogares mexicanos fue de más de 319 mil millones de pesos en 2022, un 14.4% más que en 2021, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es decir, la ciudadanía afronta un doble costo por la inseguridad, a través de los impuestos y por el desembolso adicional al ser víctima. En este sentido, es necesario conocer la relación entre los recursos asignados al combate al crimen y los beneficios que obtiene la sociedad de dicha asignación.
Otro concepto que requiere una revisión es la aplicación de estrategias punitivas. La experiencia internacional señala que endurecer penas no tiene una consecuencia directa con la disminución de la violencia. Tampoco hay evidencia de que penas más severas desalienten a los generadores de violencia, máxime si la posibilidad de que sean aprehendidos y juzgados es remota. México Evalúa apunta a que sólo 4 de cada 100 delitos son investigados, lo que evidencia que el problema es la impunidad.
Finalmente, las políticas de prevención de la violencia y el delito no reciben la atención necesaria. Si bien, los discursos políticos siempre se refieren a la importancia de la prevención, estrategias de este tipo no reciben los recursos financieros que se requieren para ser exitosas y, principalmente, no se desarrollan mecanismos para medir su aplicación, alcance y resultados. Por ello no conocemos su efectividad y dichos programas suelen caducar cuando termina el periodo de gobierno del municipio o estado.
La delincuencia es el tema que más preocupa a los ciudadanos de nuestro país. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI, indica que en junio de 2023, 62.3% de la población mayor de 18 años consideró que es inseguro vivir en su ciudad.
Por ello, robustecer las capacidades del estado es fundamental en el combate a la delincuencia, lo que requiere fortalecer las policías locales, asignar los recursos suficientes y gastarlos bien. Todo esto debe acompañarse con trabajos de inteligencia y análisis del uso de recursos, tanto en dimensiones como en despliegue de fuerza.
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