Luego de la creación de la nueva aerolínea del Estado que operará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), en voz de su presidenta Diana Olivares, consideró que su presencia en el mercado nacional debe basarse en el piso parejo y que su operación debe estar dentro de las certificaciones de seguridad que se le piden a todas las aerolíneas que trabajan en el país.
En entrevista, la presidenta de la Canaero comentó que el sector en México es uno de los más competitivos, por lo que la presencia de una nueva aerolínea, aunque sea operada por el gobierno, no implica un desafío económico.
Sin embargo, consideró que para no poner en riesgo la seguridad de los consumidores, dicha línea aérea debería pasar por el mismo proceso regulatorio al que todos los operadores se someten para ofrecer sus servicios en México.
“¿Cómo lo vemos? Nosotros, en general, las aerolíneas, siempre ha sido un sector muy competitivo y hemos visto que desafortunadamente han salido algunas aerolíneas (de operación), las últimas fueron en México y en Colombia. O sea, el tema de competencia siempre hay, está ahí, no es tanto que nos desafíe eso, sino es, otra vez, de nuevo el tema de la seguridad, que tenemos que tener el piso parejo”, expuso.
“Que todas las regulaciones y todas las certificaciones y todo lo que se nos pide a todas sea lo mismo. Entonces eso es lo que nosotros lo tenemos como el foco para que el consumidor tenga como seguridad de volar en esta aerolínea. Entonces no es un tema de competencia, es un tema de seguridad y de piso parejo”.
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Como parte de las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre del año pasado a las leyes de Aviación Civil y Aeropuertos, el Congreso de la Unión aprobó que entidades gubernamentales puedan ser operadores de servicios aéreos así como de instalaciones aeroportuarias.
Actualmente, la Sedena, así como la Secretaría de Marina (Semar), han adquirido el control de múltiples aeropuertos en el país, entre los que destacan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
No obstante, su capacidad como operador aeroportuario se extenderá con la puesta en operación del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo, así como de la terminal de Chetumal. A estos también se le debe sumar el aeropuerto internacional de Palenque que se encuentra en remodelación, además de otros anteriormente operados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
Con las reformas al sector se dio lugar a que el pasado 18 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizara la creación de una aerolínea del Estado mexicano, la cual ofrecerá vuelos a destinos nacionales e internacionales, así como de carga.
Esta nueva paraestatal, que estará bajo el mando del Ejército mexicano, tendrá una parte variable del capital social ilimitada y la parte mínima, sin derecho a retiro, será de 1 millón de pesos y estará representada por 100 acciones nominativas, cuyo valor será de 10 mil pesos cada una.
El monto inicial de la participación estatal será de 1 millón de pesos, correspondiendo 990 mil pesos de origen presupuestal a la Sedena y 10 mil pesos al Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada (Banjército) como accionista minoritario.
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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha alertado sobre los riesgos que implicaría al sector aéreo la incursión del Estado.
Por ejemplo, el organismo señaló que un control de esta magnitud puede implicar que la empresa paraestatal traslade su poder de mercado aguas arriba, es decir, al control de la infraestructura aeroportuaria, hacia el mercado aguas abajo, que es donde operan los concesionarios y permisionarios de transporte aéreo con el fin de desplazar a otros competidores.
“Existen riesgos a la competencia cuando una aerolínea controla un aeropuerto, lo que se llama estrechamiento de márgenes. Esto es cuando la empresa dueña del aeropuerto puede aumentar o instaurar nuevas tarifas por el uso del aeropuerto que lleve a los competidores en el mercado de transporte aéreo a aumentar sus pasajes o a reducir sus márgenes de ganancia”, consideró la Cofece.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), un “estrangulamiento de márgenes” es cuando la empresa integrada ofrece el insumo intermedio a un precio tal que a una empresa eficiente aguas abajo no le resulta rentable participar en el mercado.
La Cofece también advirtió sobre otro riesgo que podría traer al mercado aéreo la integración de infraestructura y servicios de transporte aéreo bajo un mismo competidor en lo relativo a los servicios aeroportuarios.
Por ejemplo, señaló que la empresa dueña del aeródromo podría asignar salas de espera más lejanas, menos espacios para oficinas o mostradores más alejados, lo que podría resultar adverso para los demás competidores.
