No conozco a Paola Merodio. Por su currículum es evidente que se trata de una joven profesional de las políticas públicas con buena formación, al inicio de una carrera profesional que se auguraría como exitosa. De su currículum, se advierte también que definitivamente no es una candidata adecuada para ser consejera del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Su postulación y la enérgica defensa que se hizo de su candidatura demuestra que tiene también muy buenas conexiones políticas. Especialmente cuando el senador Puente, del Partido Verde, faltaba más, amenazó a Rodolfo de la Torre, prestigiado experto en temas de pobreza, que representaba al Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), en la opinión negativa, de las organizaciones sociales de la candidata.

Puente presentó supuestos datos fiscales para atacar a De la Torre y al CEEY, institución que en los últimos años ha publicado sólidas investigaciones en el tema de desigualdad. La candidatura de Merodio es tan importante que el gobierno y el PRI en el Senado están dispuestos a dinamitar sus relaciones con la sociedad civil para que sea electa.

La independencia del Inegi ya está en entredicho debido a las decisiones que tomó para cambiar la metodología de la encuesta ingreso-gasto. La medida hace que sea imposible comparar la pobreza con mediciones de años anteriores. Se trató de una decisión muy conveniente para el actual gobierno, ya que no podrá medirse el resultado de sus políticas en el porcentaje de personas en situación de pobreza.

La dirección del Inegi no avisó al Coneval, la institución encargada de medir la pobreza, de la nueva metodología, lo que generó un enfrentamiento entre ambas instituciones. En el debate se mencionó que la idea de cambiar la metodología en realidad provenía de la Sedesol, la institución en donde al día de hoy labora Merodio. En el relevo de los consejeros, además de que era necesario postular a una mujer, se requería de un perfil que garantizara independencia y cubriera plenamente los requisitos de una amplia experiencia en los temas de los que se encarga el Inegi.

Hasta la fecha solamente una mujer ha sido consejera del Inegi. Se trata de Rocío Ruiz, quien antes de serlo fue subsecretaria de Economía, cargo que ahora ocupa de nuevo. Existen excelentes candidatas al puesto. Rodolfo de la Torre destacaba los perfiles como los de Lorenza Martínez, funcionaria de Banxico y ex subsecretaria de Economía, Marcela Eternod, directora ejecutiva de Inmujeres o la investigadora Nelly Aguilera quien fue titular de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud. Si se quiere a una persona con perfil académico, se podría proponer a las investigadoras de la Universidad Iberoaméricana, Graciela Teruel o Gabriela Pérez. Si la idea fuera dar a espacio a personas que se han desarrollado en la sociedad civil, podría pensarse en Valeria Moy, de México ¿Cómo Vamos? o Mariana Campos de México Evalúa. La propuesta que se presenta, en cambio, no acredita ni una trayectoria académica, ni una trayectoria en la administración pública amplia, ni independencia con respecto al gobierno actual.

La verdad es que el presidente Peña no ha propuesto perfiles adecuados para los cargos que son sancionados por el Senado. No ha tomado en cuenta que estas personas deben mantener distancia del Ejecutivo, cubrir plenamente los requisitos de ley y generar consenso. Se propuso y, en medio de una gran polémica, como ministro de la Corte a Eduardo Medina Mora, un embajador sin experiencia alguna en derecho constitucional.

Se pretendió también hacer ministro a Raúl Cervantes, un senador que fue abogado personal del presidente y que pidió licencia por un año justo para tratar de ser nominado como ministro. Después Cervantes fue nombrado procurador, pero con la idea de que pueda ser convertido en fiscal por los próximos ocho años, lo que es inaceptable. La propia nominación de Julio Santaella, el presidente del Inegi, no estuvo exenta de polémica, ya que su área de experiencia no es propiamente la del Instituto. Esto es especialmente cierto en las áreas económicas del gobierno, los dos gobernadores del Banco de México desde que la institución tiene independencia fueron antes secretarios de Hacienda.

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Lo que vemos en México, desde hace varios años, es un esfuerzo por diseñar instituciones autónomas, que garanticen control y desarrollen políticas de estado, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, pero que después son capturadas por los actores políticos. No es siempre el caso. Un ejemplo de independencia fueron las declaraciones del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl González, en contra de la urgencia del gobierno para legislar en el peligroso tema de seguridad interior.

La nominación de Paola Merodio en realidad muestra lo mucho que le molesta al gobierno de Peña Nieto el no poder controlar todas las agencias gubernamentales y tener que ser sujeto de controles externos. En todo esto, el PRI y su rémora el Verde, están haciendo un muy triste favor a la tarea de tener mejores instituciones en el país.

 

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