La estrategia de cerrar los ductos que transportan el combustible, y su posterior efecto de desabasto, tendrá un impacto mínimo en el Producto Interno Bruto del país, y aunque es pronto para cuantificar el daño, el sector privado estima que en un inicio ascendería a poco más de 6,000 millones de pesos, lo que representa el 0.03% del PIB nacional.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destacó que aún es prematuro considerar un costo cuando todavía no hay datos duros de las actividades afectadas por la escasez de energéticos, pero señaló que los primeros perjudicados serán los distribuidores de combustibles con un tercio de sus ingresos en los días que lleva el problema.

«Aunque podría parecer mínimo, no obstante, a esto habría que incluir el costo de diversas actividades productivas, aunque es probable que en conjunto el impacto no sea mayor a una décima del Producto», apuntó el organismo en su reporte económico semanal.

El CEESP también mencionó que el problema del combustible afecta seriamente a todos, pero en particular a quienes menos tienen porque, en muchos casos, es un insumo importante en su actividad diaria y la generación de ingresos para su familia.

También dijo que para erradicar el robo de combustible se requiere fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción, la inseguridad y todas esas prácticas ilegales que sen han convertido en un «verdadero costo» para el país.

«Nadie puede estar en contra del combate al robo de combustible. De hecho, la mejor opción para erradicarlo es la colaboración de todos los sectores. Unos a través de la denuncia y otros dejando de participar en la venta de combustible ilegal», sostuvo.

El robo de combustible o «huachicol» dejó una pérdida de 60,000 mdp en 2017, lo que representó 13.5% del valor total de las ventas internas de gasolinas, de acuerdo con datos de las autoridades, citó en su reporte semanal.

«Evidentemente, el costo de 2018 habrá sido mucho mayor dado el constante crecimiento de este delito». Sin embargo, señaló, la estrategia de cerrar los ductos para evitar que los delincuentes pudiesen drenarlos y sustituir su distribución mediante una flotilla limitada de camiones tanque fue rebasada por la demanda estacional de finales de año.

Refirió que hoy suman nueve entidades como las más afectadas por el problema de distribución de combustibles, que son Guanajuato, Jalisco, Michoacán, México, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, y la Ciudad de México.

Remarcó que la preocupación aumenta ante imposibilidad de mover las flotillas de transporte y podría comprometer la distribución de víveres, como lo ha señalado la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), lo que podría llevar a compras de pánico y posiblemente a un impacto en los precios al consumidor.

Con información de Notimex

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