Desconocer sus propios documentos una práctica inusual de los verificadores del Gobierno de la Ciudad de México, pero están causando estragos.

Hace más de un mes olvidé verificar mi vehículo. Pagué la multa por vía electrónica y tuve la mala fortuna de que patrulleros de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina me detuvieran unos días después. Mostré el pago de la sanción, pero dijeron que podría ser falsificada así que me aplicaron otra multa a pesar de mi indignación. Imprimieron la multa y la firmé a regañadientes, pero en las observaciones anoté que estaba presentando el documento pero no lo estaban reconociendo los oficiales ambientalistas.

Me consolé un poco, sólo un poco, cuando vi que algo muy similar le ocurrió con la distribuidora de gas Licuado de Petróleo Usa Gas San Juan, clausurada el 4 de agosto de este año porque inspectores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) acudieron a la planta y aunque les presentaron los documentos en regla decidieron cerrar el establecimiento.

Algo muy raro está ocurriendo. No es posible que después de 10 años de operación de la planta que distribuye gas, las autoridades del Invea hayan decidido clausurarla a pesar de que la empresa presentó 29 permisos de uso de suelo, de impacto urbano; de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y de muchas otras instancias locales y federales.

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El Invea argumentó que la planta no tiene uso de suelo de almacenamiento y distribución de gas LP aun cuando la compañía exhibió el certificado de uso de suelo con una superficie de 33 mil metros cuadros de los cuales están ocupados siete mil.

La distribuidora que emplea a 400 personas de manera directa y a 2,500 de forma indirecta logró que el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México emitiera una suspensión y ordenara el levantamiento de la clausura, pero el Invea se ha negado a atender dicha suspensión.

Usa Gas distribuye 2,500 toneladas de gas al mes en la zona de la delegación Gustavo A Madero, un bajo volumen si se considera que las ventas totales al año en México del combustible que se usa especialmente en viviendas es de ocho millones de toneladas.

Seguro que otras empresas se están beneficiando de atender los clientes que ahora dejó libres la compañía clausurada, pero están afectando a las cientos de familias que dependen de esa compañía y a los propios inversionistas, quienes estaban contentos por la reciente liberación del mercado y del precio del gas que por décadas había sido controlado por el gobierno federal.

Empresas pequeñas y medianas están en riesgo porque trasnacionales llegarán a invertir en el sector abierto a la inversión extranjera (hasta diciembre de 2013 cuando se aprobó la reforma energética ese sector era exclusivo para capital nacional). Es probable que gigantes de la distribución en el mercado global lleguen a comprar o a fusionarse con empresas de menor escala que conocen el mercado mexicano y tal vez muchas ni estén pensando en esa posibilidad, pero la falta de certidumbre jurídica podría orillarlas a tomar esa opción.

Ojalá que las autoridades capitalinas y en general de los tres órdenes de gobierno tengan en cuenta que el empresario nacional y extranjero necesita continuidad en las políticas, incentivos a la inversión y sobre todo un efectivo Estado de Derecho.

 

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