Por Ricardo Rainieri B.* y Cristián Jara B.**

Chile ha sido ampliamente reconocido por la diversificación de su matriz energética, cumpliendo aquello, con una serie de compromisos internacionales y en particular en plena sintonía con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 7, del PNUD, que busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

En este sentido, Chile cuenta con ventajas comparativas para la generación de energía solar con un desierto de Atacama, cuya superficie de más de 105.000 km₂ de superficie, tiene una gran radiación siendo un escenario perfecto para la generación eléctrica en base a energía solar, como la fotovoltaica y la solar-térmica. También, distribuidos de Norte a Sur, el país cuenta con una gran cantidad de lugares apropiados para la generación eléctrica en base a la fuerza del viento, generación eólica. Chile tendría a lo menos potencial de 40 GW para energía eólica, 1.640 GW para el caso solar fotovoltaico, y 552 GW para la termoeléctrica de concentración solar, lo que es 100 veces de lo que hoy es la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional.

Este gran potencial, sumado a un férreo compromiso gubernamental y ambiente de negocios apropiado para la inversión, llevó a que, por ejemplo, en la última versión del New Energy Finance Climascope elaborado por Bloomberg New Energy Finance y el Banco Interamericano de Desarrollo, Chile alcanzara el primer lugar en inversión de energías renovables y en la lucha contra el cambio climático en la región de América Latina y el Caribe.

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Todo lo anterior no es casual, Chile no solo ha sido uno de los primeros países en introducir un requerimiento mínimo de generación en la matriz eléctrica con energías renovables (Ley 20.257 de 2008, que estableció una meta de 10% de ERNC al 2024, la que en 2013 fue modificada por la Ley 20.698 que elevó esa meta a 20% en el 2025). Sino también ha liderado en el análisis y desarrollo de instrumentos que permitan ir adaptando la economía a una nueva realidad global de mayores restricciones a las emisiones de CO₂. En este ámbito, en el año 2010, el Gobierno asume el compromiso de estudiar y desarrollar mecanismos de mercado para el precio del CO₂, sumándose a la iniciativa Partnership for Market Readiness que cuenta con el apoyo del Banco Mundial, y para este fin, por medio del Ministerio de Energía, postuló a financiamiento de esta iniciativa, recibiendo, en el año 2013, 3 millones de dólares en modalidad de donación. El objetivo era implementar la primera fase (2015-2017), que buscó desarrollar la institucionalidad y abordar externalidades socio–ambientales y también potenciar el cumplimiento de compromisos nacionales de mitigación.

A lo anterior se suma, el rol activo del país en materias de cambio climático, como país suscriptor del Acuerdo de París, por el alto nivel de socialización en la sociedad civil de los riesgos que se presentan frente a los desafíos del cambio climático, y recientemente, al ser sede de la próxima COP25 en noviembre de este año.

Panamá por su parte, es el punto de inicio del Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC). Además, cuenta con la Ley 6 de 1997, posteriores cuerpos normativos y un ambicioso Plan Nacional de Energía 2015-2050, donde se ha establecido una meta de diversificación de su matriz energética para 2050, que busca alcanzar un 70% de fuentes renovables, con énfasis en la energía solar y eólica, y con una capacidad instalada esperada de 5,153 MW.

En los últimos 10 años, Panamá, ha experimentado una tasa anual de crecimiento del consumo eléctrico de 5.7%, donde son los sectores comercial y residencial quienes lideran este aumento con una tasa anual conjunta de 6.2% entre 2006 y 2018, dando cuenta ambos sectores del 77.7% de las ventas electricidad en 2018.

Con todo y más allá de lo expuesto, en América Central la Integración Energética del Mercado Eléctrico Regional, refleja aumentos en el volumen de transacciones de manera importante entre sus países miembros, pero quedan todavía muchas cosas por resolver en este escenario, que sin duda para Panamá y la Subregión (Centro América y El Caribe) ha traído beneficios importantes. Es decir, la Integración Regional abre una gama de posibilidades interesantes para que Panamá se convierta en un hub, también en el ámbito energético.

Alcanzar una matriz limpia es un desafío global y que requiere esfuerzos colaborativos, en que por cierto Chile y Panamá, pueden converger en sus modelos de negocios, la forma de materializar proyectos, normativas y conciencia de avanzar en conjunto hacia energías limpias, a un menor costo y que maximicen las ventajas competitivas y comparativas de cada país, en beneficio de los usuarios finales del sistema, y en palabras del Papa Francisco en la Encíclica Laudato sí, de todos los ciudadanos y quienes habitamos “nuestra casa común”.

*Ex Ministro de Energía de Chile.

**Abogado y diplomático chileno.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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