Un resultado en la línea de la lógica del mercado convencional: que la venta de Citibanamex sea resuelta por el público, no el poder más ejecutivo ni la capacidad de la demanda concentrada en pocas manos.
De la divergencia de voluntades entre el poder político y el poder económico beneficiario de concesiones desde la cercanía del poder en sexenios anteriores surge la evidencia del “petate del muerto” expropiatorio que quiere insistentemente atribuirse a la actual administración. Sin éxito, esa tentación de convertir en verdad las antipatías minoritarias por el régimen, quedará en manos del público comprador la decisión sobre la propiedad de aquel banco.
Será hasta el 2025, en otras palabras, en la apuesta hasta el momento en que otra persona, muy probablemente Claudia Sheinbaum Pardo, como responsable del Poder Ejecutivo, aclare aún más el tono de respeto a la lógica macroeconómica. La mesurada reacción de los mercados al debate es significativa: solamente el grupo empresarial que ha entrado en la discusión interesada ha visto afectado el valor de sus acciones en un sexto.
Decir que el gobierno pierde impuestos de una operación hipotética y cercana pero no tangible antes del 2024 es legítimo y equívoco como corresponde al derecho a la libertad de expresión, pero no a la lógica vigilante del gran capital disperso en las múltiples acciones cotidianas del mercado financiero.
La crítica inicial surgió desde una postura centrada en una diferencia ideológica que decidió hacerse ignorante del derecho constitucional el cual consigna la facultad de expropiación y del retiro de concesiones.
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Como nunca antes, se exhibió la estrategia de un segmento privilegiado de la iniciativa privada que al mismo tiempo incrementaría descomunalmente la diversidad de sus negocios mientras secretamente regateaba el costo del traslado de dominio de un segmento de vías ferroviarias de estratégica importancia.
Grupo México, de Germán Larrea, de un lado y del otro el Jefe del Estado Mexicano. Hasta que se instaló la decisión de Citibanamex.
1) Expropiar es una facultad del Estado contenida en la Constitución, regulada legalmente; 2) el acto de Ferrosur no fue una expropiación, sino el retiro de una concesión y 3) decidirá el público al comprador un año después de la elección presidencial.
Enrique Peña Nieto facultó a la Secretaría de Energía para expropiar terrenos útiles a proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas de empresas privadas nacionales y foráneas. Felipe Calderón expropió terrenos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; Vicente Fox, ingenios azucareros. Datos omitidos por la crítica a AMLO.
La oposición, en su intento por construir insumos en la guerra de propaganda y activar una agenda electoral mantenida a lo largo de este sexenio, como se dice coloquialmente, sacudió “el petate del muerto” expropiatorio y universaliza narrativas como “pésima señal” o “un golpe a la certidumbre”. La magnífica señal es, ahora, la apuesta de Citibanamex por el mercado convencional.
El diseño de la negociación por ahora está del lado del público: ninguna afectación de los principales indicadores se modificó por la decisión criticada.
Y los mercados tienen el ojo más crítico y la decisión más severa.
Contacto:
Salvador Guerrero Chiprés es Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
TW: @guerrerochipres
Twitter: @elconsejomx
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