Por Juan Manuel Fernández y Rosa María Bolaños / Guatemala

Poner fin unilateralmente al acuerdo que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por parte del gobierno del presidente Jimmy Morales, podría afectar el crecimiento económico y la imagen del país, sobre todo desde el punto de vista crediticio, que es el que toman en cuenta los inversionistas, de acuerdo con las calificadoras de riesgo Moody’s y Standard & Poor’s.

Prensa Libre consultó a ambas calificadoras de riesgo que evalúan el récord crediticio de Guatemala como destino de inversión y país pagador de deuda, y hay un consenso en que el mensaje que envía el país es de inestabilidad política y jurídica.

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En términos financieros, la calificación de riesgo es una opinión sobre el riesgo crediticio de una entidad o instrumento, basada en una evaluación cuantitativa y cualitativa de la capacidad de un emisor —en este caso, Guatemala— para hacer frente a sus obligaciones según los términos y condiciones pactados.

Aquí se incluye la capacidad del país o institución para afrontar eventuales problemas o cambios en el entorno. Esto indicaron dos calificadoras sobre la crisis de enero 2019, relacionada con Cicig:

Moody’s: “Vemos negativo quitar a la Cicig”

Gabriel Torres, analista de la agencia Moody’s, aseveró: “En este momento mantenemos una perspectiva estable, pero lo que sucedió —el fin al convenio de Guatemala con la Cicig— fue algo negativo. Es negativo para el crédito. No necesariamente lleva un cambio de calificación por sí solo, pero lleva a crear presiones negativas cuando se hace el análisis crediticio”.

Torres alertó de que el desafío crediticio que tiene Guatemala “es el alto nivel de corrupción, el bajo nivel de institucionalidad y los bajos rankings en indicadores con respecto al respeto a la ley… Guatemala tiene rankings muy bajos y la Cicig era una forma de tratar de mejorar eso. No por sí sola lo iba a lograr, obviamente, pero era una forma de hacerlo. —Entonces—, quitar a la Cicig lo vemos como algo negativo”.

El analista añadió que aunque no hay  una fecha específica para publicar o modificar una calificación, se puede hacer cuando así la agencia lo considere pertinente.  “En este momento no creo que esto sea por sí solo suficiente, pero para que afecte la calificación la primera pregunta es si va a afectar la capacidad o voluntad de pago de deuda”, dijo.

Sin embargo, enfatizó que “Guatemala ya venía con un crecimiento mediocre comparado con países con calificación similar, y esto hará la situación económica un poco más difícil.  Guatemala se está quedando atrás, y en una situación donde hay falta de credibilidad del Gobierno de mejorar las instituciones se puede afectar el crecimiento futuro”.

Concluyó que “niveles altos de violencia, baja institucionalidad o falta de derechos de propiedad hacen que la inversión y, por lo tanto, el crecimiento, sean menores”.

Standard & Poor’s: “La inestabilidad puede prolongarse un año más”

Omar de La Torre, director asociado de calificaciones soberanas e internacionales de las finanzas públicas en Standard & Poor’s, indicó a Prensa Libre: “Consideramos que la inestabilidad política y débiles instituciones gubernamentales continúan afectando el crecimiento económico del país”.

Dentro del escenario base que plantea la agencia calificadora, De La Torre proyectó que la inestabilidad política podría prolongarse un año más como resultado del próximo proceso electoral y de los conflictos ocurridos con la Cicig.

El analista expresó: “Si la salida anticipada de la Cicig contribuyera a reducir la inestabilidad política, sin menoscabo de la continuidad en combate de la corrupción, y paulatinamente se fortalece la perspectiva del crecimiento económico, sería un elemento positivo en nuestra evaluación”.

En contraposición, complementó: “Si derivado del reciente anuncio los conflictos políticos se acentúan y esto conduce a un deterioro en la sustentabilidad de las finanzas públicas junto a un crecimiento económico por debajo de nuestras expectativas, podríamos tomar una acción negativa en la calificación soberana dentro de los siguientes 12 a 24 meses”.

A finales de octubre del 2018, la agencia había alertado a través de un boletín de que “la inestabilidad política recurrente, la débil eficacia del Gobierno y la falta de consenso sobre una agenda de desarrollo se han traducido en una disminución de la inversión en infraestructura pública y un crecimiento económico más lento durante la administración del presidente Jimmy Morales”.

Fitch Ratings: “El asunto ahora es más grave”

Richard Francis, analista soberano principal para Guatemala en la firma calificadora Fitch Ratings, dijo que la decisión del Gobierno de cancelar la Cicig en el país “nos preocupa”.

“Hemos visto una caída en los ingresos del Gobierno en los últimos años. Ha mejorado un poquito desde hace dos años, pero está cayendo de nuevo y para mí el asunto de la Cicig es algo que tiene riesgo en transparencia y en las instituciones en general” dijo. Indicó que la medida puede tener un impacto negativo.

El analista añadió que la inestabilidad en los últimos años ha tenido un impacto negativo en el aspecto del crecimiento, “sobre todo en el área de inversión y hemos visto muchos proyectos del Gobierno que no se han ejecutado derivado de eso. También hemos visto una caída y una volatilidad a la confianza de las empresas y eso tiene impacto sobre la inversión” alertó.

El primero de ellos fue el 27 de agosto de ese año, cuando el presidente Jimmy Morales declaró no grato al actual jefe de la Cicig. Dos semanas después, la presión ciudadana obligó a revertir una serie de reformas al Código Penal que se intentaron aprobar desde el Congreso de la República.

Los hechos fueron parte del reporte que la agencia Standard & Poor’s publicara el 18 de octubre de ese año, confirmando que la calificación del país en ese momento se reducía desde BB hasta BB-, argumentando la debilidad institucional y la inestabilidad política imperante.

A pesar de que en el 2018 las calificadoras no hicieron movimientos  en su evaluación hacia Guatemala, en tres momentos del año, Moody’s —junio—, Fitch Ratings —septiembre— y Standard & Poor’s —octubre— coincidieron en que aunque no había razones para modificar la calificación crediticia del país, las tensiones políticas podrían comprometer el crecimiento económico.

* En alianza con Prensa Libre de Guatemala

 

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