EFE.- El memorando firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que pide a los reguladores autónomos de México alinearse con su política energética contraviene los tratados comerciales, alertó este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En un boletín, la Coparmex indicó que este memorando, divulgado a principios de agosto y fechado el 22 de julio, “pone en entredicho la autonomía de estas instancias reguladoras”.
Mediante este texto, el mandatario pidió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) seguir su política energética para fortalecer Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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Para la Coparmex, este documento pone en “entredicho el Estado de Derecho” en el país y además genera un desequilibrio que perjudicaría a la empresas privadas “justo en el momento en que se necesita confianza para invertir”, ya que el texto “atenta contra la competitividad y el libre mercado”.
“En último término, y quizá el más importante: de hacerse realidad el memorándum se violarían preceptos contenidos en tratados comerciales que buscan proteger las inversiones en el país”, denunció la Coparmex, muy crítica con el presidente.
Finalmente, este organismo, que agrupa a unos 36.000 empresarios que representan 30 % del producto interno bruto (PIB), señaló que, en el “complejo” panorama actual, el texto puede generar un “diferendo” con los principales socios comerciales del país y “pondría en riesgo la nota soberana de inversión”.
“Lo que se desprende del memorándum es que el presidente López Obrador ha diseñado una estrategia para hacerse del control total del sector energético. En última instancia, el Ejecutivo busca regresar a un modelo de estatización energética”, alertó.
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LA NUEVA POLÍTICA ENERGÉTICA
En el memorando, López Obrador plantea “regresar, sin ignorar las nuevas realidades” a la política de los expresidentes Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Adolfo López Mateos (1958-1964), quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad, respectivamente.
Aunque el líder izquierdista ha prometido respetar el marco jurídico, en el documento pide a los reguladores “avanzar hasta el límite que permita el actual marco jurídico”, sin descartar una nueva reforma constitucional.
El presidente de México se opone a la reforma energética de 2013, al considerar que buscó destruir las empresas estatales al abrir la puerta al sector privado, y en los últimos meses ha impulsado cambios que cosechan muchas críticas.
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En mayo entró en vigor un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limitaba la generación de energías renovables y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar, una decisión que acumula varios amparos en su contra.
Dos semanas después, la Secretaría de Energía (Sener) estableció un cambio en el criterio de despacho, arrinconando el criterio económico por uno nuevo de “confiabilidad” que creó confusión.
Además, en junio se suspendió una futura planta de ciclo combinado de Iberdrola con una inversión de 1,200 millones de dólares en la localidad de Tuxpan (Veracruz) debido a la imposibilidad de hallar gas natural para la operación, según informó la autoridad del municipio.
Y el 15 de julio, el Gobierno de México anunció que cancelaba cuatro licitaciones públicas para la construcción de plantas de producción de energía.
