En los últimos años se ha incrementado la influencia indebida sobre la toma de decisiones, la aplicación deficiente de las salvaguardias de integridad y las amenazas al estado de derecho alrededor del mundo, y los primeros momentos de este 2023 continúan corroborando que la corrupción a nivel global está mermando la eficacia de los gobiernos y, por lo tanto, lastimando la gobernabilidad y la gobernanza.
A pesar de que hay importantes diferencias en la percepción acerca de la corrupción en los países más desarrollados y en los países en desarrollo, las restricciones y los ataques al espacio cívico y las libertades básicas aparecen como factores inherentes a la corrupción facilitando la generación de múltiples crisis que amenazan la seguridad, la estabilidad, la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. En este sentido, el creciente autoritarismo diluye la función de vigilancia de la sociedad civil, mientras que muchos líderes priorizan la recuperación económica sobre los esfuerzos anticorrupción por su retórica populista y centrada en los discursos que polarizan y distraen la atención de los temas centrales para el verdadero desarrollo de sus sociedades. En los escenarios donde el poder político y económico desigual está profundamente entrelazado con el conflicto, la corrupción está exterminando los procesos democráticos, causando disturbios civiles generalizados y alimentando la violencia.
A pesar las consecuencias negativas y bien documentadas, la corrupción es un fenómeno global difícil de erradicar, por un lado, porque por sus efectos no se perciben en todos los grupos sociales por igual, y, por otro lado, por su arraigo hacia las estructuras políticas en diferentes niveles. Si bien algunos grupos sociales, sobre todo los más vulnerables, padecen de servicios públicos precarios o inexistentes, otros grupos se benefician la normalización de la corrupción a través de sobornos, tráfico de influencias, nepotismo y adjudicaciones directas. Cuando la corrupción es sistémica, los recursos públicos se desvían constantemente de proyectos, políticas y servicios que sirven al bien común y benefician al público en general pero que favorecen solo a grupos e intereses específicos.
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En este sentido, la corrupción crea condiciones para la destrucción del tejido social al fomentar la división entre diferentes grupos y dañar el estado de derecho, provoca el debilitamiento del Estado y genera hostilidad entre los grupos excluidos, brindando incentivos para que las facciones de la oposición impugnen violentamente los recursos del Estado y para que se persiga agresivamente a los opositores. Esto es particularmente peligroso cuando las disparidades resultantes coinciden con líneas de identidad étnicas, religiosas o de otro tipo.
La corrupción, la exclusión y la discriminación abierta aumentan el riesgo de brotes violentos y los hacen más difíciles de controlar una vez que estallan. Además, el robo, la malversación de recursos y la mala gestión de los fondos públicos reducen la cantidad de financiera disponible para la redistribución de la riqueza, la generación de infraestructura y la atención de temas prioritarios (como el acceso a los sistemas de salud, la educación y el desarrollo social). Las malas prácticas de gobierno hacen que sea más difícil abordar la pobreza, el hambre y la desigualdad y es un gran obstáculo para lograr los avances en materia de sustentabilidad, combate a la pobreza y a la desigualdad a nivel global.
Las reformas anticorrupción específicas que se generen desde los ámbitos nacionales deben ayudar a romper la espiral descendente de corrupción, conflicto y violencia y, a promover la paz, la transparencia y la seguridad.
En este tenor, es fundamental promover la transparencia y el acceso a la información, establecer mecanismos para detectar y gestionar conflictos de interés, fortalecer los sistemas de contrapesos y promover el respeto absoluto en la división de poderes para evitar la concentración del poder y así frenar la consolidación de la autocracia.
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